Los ayuntamientos de Punta Umbría e Isla Cristina (Huelva) han presentado los recursos, en nombre de las respectivas localidades y del sector del cerco de la provincia, en el juzgado central de lo Contencioso Administrativo en Madrid contra la orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Golfo de Cádiz y en concreto al apartado referido al reparto de la cuota del boquerón.
   Así lo ha puesto de manifiesto a Europa Press el portavoz del sector onubense y asesor jurídico, Juan Luis Serrano, quien ha explicado que los consistorios han presentado dos recursos, uno por cada ente local, aunque con el mismo contenido al objeto de intentar defender "lo mejor posible" los intereses de esta modalidad pesquera "tan importante" para ambas localidades.
   De este modo, al presentar dos recursos consideran que aumentan las posibilidades de que se determinen medidas cautelares que permitan suspender la orden ministerial. 
   Ha recordado que el sector del cerco considera el reparto de la cuota del boquerón "discriminatorio" puesto que ven "irreales" los datos con los que se ha llevado a cabo la ponderación para la distribución entre los puertos gaditanos de Barbate, Sanlúcar de Barrameda y los onubenses de Isla Cristina y Punta Umbría.
   En esta misma línea, ha explicado que otro de los argumentos que se integran en los recursos es la impugnación a que las embarcaciones estén 58 horas continuadas a la semana en el puerto, --periodo comprendido desde las 14,00 horas del viernes hasta las 00,00 horas de este domingo--, puesto que "va en contra de una normativa andaluza" y el sector aboga por un total de 56 horas, de manera que pudieran salir a faenar el domingo a las 22,00 horas.
   En los puertos de Isla Cristina y Punta Umbría el sector cuenta con 45 barcos dedicado a la modalidad del cerco, que emplea a unos once tripulantes por embarcación, es decir, más de 400 personas.
   Hay que recordar que todas las partes, sector gaditano y onubense y el propio ministerio, alcanzaron un acuerdo en Sevilla en el que se estableció que el reparto se haría teniendo en cuenta "en un 50 por ciento el criterio lineal (por embarcación) y el otro 50 por ciento restante en función de criterios históricos". Así, pese a que no discrepan con estos porcentajes, sí lo hacen con las cifras con las que se ha determinado el número final de toneladas que puede capturar cada puerto.