El Tribunal Supremo ha anulado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva y ha ordenado volver a repetir el juicio contra ocho miembros de una red de narcotraficantes que introducían drogas en España y los dos guardia civiles que les servían de apoyo a sus prácticas ilegales.
Concretamente, la sentencia de la Audiencia Provincial condenó a J.F.D., uno de los agentes de la guardia civil, entonces en prácticas, por receptación y falsedad documental, y a otros cuatro enjuiciados por los mismos delitos, quedando absueltos el resto.
El Tribunal Supremo, según el auto que ha adelantado la web página3huelva.es y al que ha tenido acceso Efe, ha admitido el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra dicha sentencia, la cual ha quedado anulada, por lo que será necesario volver a celebrar el juicio.
La Fiscalía recurrió la sentencia por quebrantamiento de forma, al habérsele negado la prueba documental que solicitó al tribunal consistente en copias de varios autos en los que se ordenaba desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Ayamonte intervenciones telefónicas de los inculpados, argumentando además indefensión y vulneración del derecho a valerse de las pruebas estimara pertinentes.
El Supremo entiende, tras el análisis del expediente que lo solicitado por la Fiscalía era una prueba pertinente al estar relacionada con el proceso.
Para esta nueva vista el fiscal solicita para J.T.G.P. y J.F.D., los dos agentes de la Guardia Civil implicados en los hechos, la pena de cuatro años y medio de cárcel por cohecho.
En el caso de J.T.G.P., se suma además otros dos años y medio de inhabilitación por abandono de destino; y en el de J.F.D. tres años más de prisión, uno por receptación y otros dos por falsedad en documento oficial.
Junto a ellos se sentarán en el banquillo ocho personas, considerados miembros de la organización, cuatro de los cuales se enfrentan a cuatro años y diez meses de cárcel por tráfico de drogas y multa de 18 y 20 millones de euros; una pena que, en dos casos, se incrementa en un año por otro delito de receptación.
De los cuatro restantes, para tres de ellos se solicita un año de cárcel por receptación y para el cuarto tres años por falsedad en documento público y receptación.
