El Juzgado de lo Penal 1 de Granada será el encargado de enjuiciar la pieza separada del 'caso Nazarí' conocida como expediente Obispo Hurtado, en la que están acusados el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, por supuestas irregularidades en la construcción del edificio donde ambos tienen su residencia, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
La causa ha caído en este juzgado después de que la Audiencia de Granada se declarara el pasado abril incompetente para su enjuiciamiento a tenor de los delitos que se consignan en los escritos de acusación, a las penas asignadas y a la fecha de los hechos, puesto que la licencia de ocupación data de mayo de 2015.
Aunque aún no hay fecha para la vista oral, fuentes judiciales apuntan a Europa Press que no será antes del verano. Se tratará en principio de la primera pieza separada del caso Nazarí en llegar a juicio. En el banquillo de los acusados se sentarán Torres Hurtado, Isabel Nieto y un antiguo funcionario del área de Urbanismo por presuntos delitos de prevaricación común, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.
Tanto la Fiscalía como la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Granada pidieron en su día el archivo de la causa, que está relacionada con supuestas irregularidades en una promoción inmobiliaria donde el exalcalde y su concejal de Urbanismo, así como sus respectivos núcleos familiares, "tenían participación".
El PSOE ha solicitado doce años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público para Torres Hurtado e Isabel Nieto por un supuesto delito de prevaricación común. Lo hace al entender que los dos participaron como promotores en la construcción de este edificio, cuya exigencias urbanísticas fueron "relevantes", a tenor de lo dispuesto en el PGOU y en el Plan Especial Centro, y que en todas las incidencias ambos intervinieron de "manera decidida, con la finalidad de promover la rápida finalización y ocupación del inmueble en el que ya tenían adjudicadas determinadas unidades" (...) resolviendo obstáculos que "de otra manera resultarían insalvables".
La acusación popular ejercida por el empresario Ramón Arenas ha pedido penas de cuatro años y medio de prisión para Torres Hurtado e Isabel Nieto por delitos de prevaricación urbanística y común, y de tráfico de influencias. También ha formulado acusación contra el trabajador, además de pedir la nulidad de la licencia de primera ocupación del edificio y del expediente seguido para su obtención.
