Le confirman 20 años de cárcel por matar y enterrar a su mujer en Granada

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso del condenado por asesinar a martillazos en 2018 a la que era su mujer, enterrarla cerca de su vivienda en Guadix y denunciar que la víctima había desaparecido y ha confirmado una pena a 20 años de cárcel.

La sentencia de la Sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal, a la que ha atenido acceso Efe, ha desestimado el recurso que el septuagenario Antonio R.G. presentó contra la sentencia de la Audiencia de Granada que lo condenó a 20 años y seis de prisión por un delito de asesinato con alevosía.

La Audiencia de Granada fijó la pena al contemplar el agravante de parentesco y una atenuante analógica de confesión, el punto recurrido por el condenado, que ha defendido que la rebaja de la condena debía ser mayor.

El fallo del TSJA, contra el que cabe un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, ha atendido el argumento de la Fiscalía y ha recordado el "primer impulso" del condenado fue ocultar los hechos y que identificó el lugar donde había enterrado el cadáver de la víctima cuando ya había otros datos.

La condena también le prohíbe aproximarse a menos de 500 metros de la madre y los hijos de la víctima durante 25 años y residir o acudir a Guadix durante el mismo plazo de tiempo.

Un jurado popular se encargó de la causa el pasado mes de octubre y ofreció un veredicto de culpabilidad por el "carácter cruento de la muerte" de la víctima, asesinada a machetazos.

Los hechos se remontan al pasado 4 de febrero de 2018 cuando la pareja inició una discusión en su vivienda del barrio de La Estación de Guadix en la que el acusado mató de una decena de martillazos a su mujer, de 56 años.

La subió entonces en una carretilla con bolsas cubriendo su rostro y la enterró a más de un kilómetro de la vivienda, a la que volvió para limpiar antes de denunciar, ya al día siguiente, que su mujer había desaparecido.

La sentencia también ha condenado al septuagenario a indemnizar con 60.000 euros a la madre de la fallecida, con 80.000 euros a una de sus hijas y con 45.000 a cada uno de los otros tres hijos de la asesinada.