El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), formado por los 14 decanos de los colegios de abogados catalanes, pedirá al Tribunal Supremo, a iniciativa de su Comisión de Derechos Humanos, que acredite a 12 abogados catalanes como observadores --cuatro titulares y ocho suplentes-- para seguir desde la sala el juicio a los encausados por el proceso soberanista.

El presidente del Cicac, Ignasi Puig, ha puntualizado que el Consell solo actúa para vehicular la solicitud realizada por abogados de diferentes colegios, que han mostrado al Consell su interés para asistir al juicio.

"Lo que queremos asegurar es la máxima transparencia de este juicio, y para asegurar esta máxima transparencia de este juicio, es decir, buscar esta transparencia, entendemos que la abogacía catalana tiene que estar presente, porque las personas acusadas son catalanas, y que los abogados que intervienen en defensa de estas personas son catalanes", ha argumentado Puig.

El también decano del Colegio de Abogados de Terrassa (Barcelona) ha hecho hincapié en que en ningún momento cuestionan la independencia de la justicia española y ha resaltado que "no es una decisión política de la abogacía catalana, es una decisión de defensa del estado de derecho y de defensa de la defensa".

La propuesta surgió de las comisiones de derechos humanos de diferentes colegios de abogados catalanes, que lo elevaron al pleno del Consell a través de la Comisión de Derechos Humanos del Cicac, y que fue aprobada el pasado 19 de noviembre, durante el anterior mandato, con el expresidente Julio J. Naveira.

Tras aprobarse la propuesta, en el pleno del Consejo del 27 de diciembre --cuando fue designado Puig como presidente--, se determinó que estos letrados seleccionados tendrían que remitir un informe jurídico al final del juicio al Cicac, no podrían hacer declaraciones en nombre del Consell y deberían sufragarse por sí mismos los costes.

El Consell está ahora a la espera de que la Comisión de Derechos Humanos proponga los nombres de los abogados interesados en acudir al juicio y entonces escogerá a los 12 observadores y pedirá formalmente una reserva de plazas al alto tribunal.

EL MÁS IMPORTANTE DE LA DEMOCRACIA

Puig ha valorado que el juicio al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, a exconsellers, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, al exlíder de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, que previsiblemente empezará en torno al 5 de febrero, "es el juicio más importante al que se enfrenta la democracia española desde la Transición".

A su juicio, el Tribunal Supremo "ha de dar transparencia a todo el juicio para que no haya ninguna mancha, ninguna sombra, de la independencia judicial que debe tener el alto tribunal".

Después de que la fiscal general del Estado, María José Segarra, viera innecesaria la presencia de observadores porque el juicio se retransmitirá en directo, Puig resalta que "la presencia física en un lugar es determinante para ver y observar que esta transparencia se dé".