Podemos ha subrayado este jueves que el Tribunal Supremo actúa en beneficio de los bancos tras rechazar la Sala especial del artículo 61 la querella presentada por el partido contra el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, y ha censurado que impida así investigar unos hechos "anómalos" que pueden conllevar responsabilidades penales.

La formación que lidera Pablo Iglesias imputaba una prevaricación al magistrado Díez-Picazo por haber llevado a un Pleno que se celebrará el próximo 5 de noviembre la decisión final sobre quien debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados -conocido como impuesto sobre de impuesto de hipotecas-.

Según ha destacado Podemos, con el rechazo de su querella el TS "priva a la ciudadanía" del derecho a que los tribunales de justicia investiguen unos hechos "absolutamente anómalos" dentro del funcionamiento de la administración de justicia y que, según la formación morada, "pueden dar lugar a responsabilidades penales individuales".

De igual forma, ha señalado que, contrariamente a lo que sostiene el tribunal, el TS ha actuado en defensa de los intereses de una de las partes, las entidades financieras, y ha impedido que se practiquen las diligencias de prueba que Podemos había solicitado y que podrían acreditar la existencia de llamadas telefónicas ajenas a la objetiva administración de justicia.

En una resolución de 16 páginas hecha pública este miércoles, el alto tribunal rechaza además resolver sobre la suspensión del Pleno de la Sala Tercera del lunes, al estimar que esta medida cautelar solicitada por Podemos no procede una vez se rechaza la acción penal.

Podemos también ha criticado que la premura en la que se ha resuelto el auto de inadmisión, que se ha dictado siete días después de haber sido presentado. En esta línea, ha exigido "la misma celeridad para el resto de casos que no afectan a las altas instancias de la judicatura del Estado".

El partido liderado por Pablo Iglesias ha recordado igualmente que el propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, admitió que "no era habitual" que el magistrado Díez-Picazo convocara al pleno de la Sala III para paralizar recursos en trámite. "Tampoco resolver nuevamente sobre una doctrina que reconocía que eran las entidades financieras las que debían pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados", ha enfatizado Podemos.

En esta misma línea, ha subrayado "que no es habitual avocar al pleno fuera de su fase procesal de admisión del recurso, y que no existe previsión legal para rectificar el fallo de tres sentencias definitivas". "Esta anomalía no está justificada legalmente", ha apostillado.

Así, ha incidido en que esta decisión "se tomó en un marco que pone en duda la objetividad de la decisión del magistrado y también la de Carlos Lesmes, que también interviene en este asunto".