El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido a la Generalitat que no someta a los funcionarios catalanes a "ninguna tensión" instándoles a que incumplan la ley colaborando en la organización del referéndum.
En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en la reunión Intermunicipal del PP, Catalá ha insistido en que todos los funcionarios de Cataluña, incluidas las fuerzas de seguridad, deben saber que "tienen detrás todo el aval de la ley", y en concreto de las leyes vigentes.
Ha señalado en este sentido que "una ley inconstitucional y suspendida nunca puede generar una obligación para nadie, ni para un ciudadano ni para un funcionario".
Por otra parte, Catalá ha señalado, a preguntas de los periodistas, que algunos de los delitos que se le imputan al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la querella presentada por la fiscalía son privativos de libertad, es decir, conllevan en caso de condena el ingreso en prisión.
Ha insistido en cualquier caso que se está demostrando que la justicia funciona en España.
"Podemos estar muy confiados sabiendo que la justicia va a funcionar y quien ha cometido un delito tendrá que asumir su responsabilidad", ha añadido.
También ha recordado Catalá que todos los alcaldes catalanes van a ser notificados sobre las resoluciones del TC suspendiendo las leyes del referéndum y prohibiendo la convocatoria del 1 de octubre.
Los alcaldes, ha añadido, saben que ese referéndum es ilegal y "por tanto cualquier actitud de colaboración con la realización de un delito tiene responsabilidad penal". "Nadie podrá decir que no ha sido avisado y notificado", ha apostillado.
