“A menos que el Ejecutivo permita el regreso a las organizaciones de asistencia, nosotros no acudiremos a Doha para reanudar las negociaciones”, previstas para dentro de dos semanas, señaló el máximo dirigente del MJI, Jalil Ibrahim, a la emisora de la ONU en Jartum.
Ibrahim se refería a la expulsión de trece ONG, por parte del régimen de Jartum, en represalia por la orden de arresto, emitida el pasado día 4, por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Omar Hasan al Bachir, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur.
Poco después de la orden, el Gobierno expulsó a esos grupos, entre los que están organizaciones como Oxfam, Save the Children, Médicos Sin Fronteras y Care International, bajo la acusación de “colaborar” con la CPI.
Esta semana el propio Al Bachir alegaba que la medida se había tomado porque las ONGs habían robado el dinero que ofrecen los países donantes a Sudán, y anunció que en el plazo de un año la ayuda exterior será distribuida sólo por organizaciones locales.
Sin embargo, el MJI tiene una visión distinta de la situación.
“Con la expulsión de la organizaciones de asistencia, la vida del pueblo de Darfur se ha convertido en un infierno”, se quejó Ibrahim, cuyo grupo en un principio había asegurado que no iba a retirarse de las conversaciones con el Gobierno, a pesar de que celebraban la orden de la CPI.
El conflicto de Darfur estalló cuando dos grupos insurgentes, el MJI y el Movimiento de Liberación de Sudán (MLS), se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el Ejecutivo central en protesta por la pobreza y la marginación de la zona.
El mes pasado, el MJI y el Gobierno iniciaron en Doha un diálogo para la reconciliación, que se saldó con la firma el 17 de febrero de un “acuerdo de buena voluntad y para generar confianza” con el fin de allanar el camino hacia una paz definitiva.
