El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, decidirá a partir de septiembre si archiva definitivamente las investigaciones en torno a la Infanta Cristina o si, por el contrario, se acuerda su imputación por un presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales, no sin antes consultar a la Fiscalía Anticorrupción y las demás partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien al respecto, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

   En concreto, el juez se encuentra a la espera de que la Agencia Tributaria entregue los últimos datos fiscales que restan por presentar sobre la hija del Rey Don Juan Carlos, y que previsiblemente serán aportados al magistrado a finales de agosto o a lo largo del mes de septiembre. A partir de ese momento, el instructor dará traslado de todas las diligencias cursadas en torno a la Infanta a las partes para que emitan lo que estimen pertinente en este sentido. 

   Tras ello, Castro decidirá, en base a todos los datos reunidos y las alegaciones de las acusaciones, qué camino seguir respecto a la mujer de Iñaki Urdangarin. Un paso con el que el juez dará respuesta al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, que le emplazó a poner término a las pesquisas relacionadas con la Duquesa de Palma "en aras de evitar mayores especulaciones" y debido a que "no resulta posible ni aceptable investigarla indefinidamente".

   En un extenso auto, en el que la Sala dejó las puertas abiertas al posible encausamiento de la Infanta por supuesto delito fiscal y de blanqueo de capitales, la Sala recalcaba incluso que ese cierre de la investigación constituye "no sólo una exigencia para los derechos que afectan a la Infanta como persona investigada", dado que "no es admisible mantener una investigación permanentemente abierta, sino que al mismo tiempo esta medida dotaría de "transparencia y posibilidad de control a la actuación judicial".

   Tanto es así que los magistrados señalaban que si a partir de este momento no aparecen nuevos hechos o elementos de prueba que "hagan reconsiderar las endebles imputaciones" que llevaron en un primer momento a citar a la Infanta como imputada, el juez Castro debe acordar el archivo de las actuaciones judiciales sobre la Duquesa, de forma provisional o definitiva, o bien tomar esta decisión cuando el magistrado ponga fin a la instrucción de la causa mediante el auto de pase a procedimiento abreviado.

   Hasta el momento, la información aportada por la AEAT no considera a la Infanta cooperadora o partícipe de un delito contra Hacienda "por el sólo hecho" de ser socia no administradora de la mercantil Aizoon, la empresa de la que es propietaria al 50 por ciento junto a Urdangarin y a través de la cual, según el criterio de la Audiencia, el matrimonio se habrían beneficiado de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda por parte de Aizoon.

   La última diligencia cursada por el Juzgado de Instrucción 3 de Palma en relación a la Infanta fue la petición a la Agencia Tributaria para que aporte información sobre las operaciones llevadas a cabo por la Duquesa con terceros o en las que haya intervenido. De este modo, Hacienda deberá informar de aquellos proveedores o acreedores y de aquellos clientes a quienes la Infanta haya comprado o vendido, respectivamente, bienes o servicios, de acuerdo al modelo 347 de la AEAT para la declaración de operaciones con terceros.

FORMA DE PAGO DE LA REFORMA DE PEDRALBES

   Asimismo, Castro ha requerido al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares que investigue la forma en que fueron pagados los trabajos que los proveedores de la empresa Aizoon -de la que son copropietarios los Duques de Palma- llevaron a cabo para la rehabilitación, reforma y mantenimiento del conocido como 'palacete' de Pedralbes, propiedad del matrimonio. El juez busca así indagar si en el marco de estas labores se cometió un presunto delito de blanqueo de capitales.

   El magistrado libró así un oficio a la Jefatura Superior para que puedan exclarecerse datos como la identificación de las personas que efectuaron los encargos, la fecha de los mismos y su contenido, así como el lugar en el que se debían prestar, el importe, la persona que los satisfizo, la forma de pago y, en la medida en que sea posible, se aporte toda la documentación que a ellos haga referencia.

   Y es que, según, la Audiencia Provincial, los Duques se habrían beneficiado, como socios de la mercantil, de los ingresos procedentes de Nóos. Los investigadores apuntan a que el Duque "interpuso" esta mercantil para facturar "ciertos servicios de carácter personalísimo", como el servicio doméstico, que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF.

   De hecho, la Agencia Tributaria señala cómo durante 2007 y 2008, ejercicios en los que Urdangarin habría defraudado a Hacienda al menos 240.000 euros, utilizó Aizoon como "pantalla" para tributar gastos como los de su propio servicio doméstico o los de su asistenta personal, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo inferior (el aplicado a las sociedades).