La CNC inspecciona e incoa el expediente sancionador S/0408/12 contra la Fundación ONCE y sus empresas de accesibilidad

Publicado: 28/03/2012
La Comisión Nacional de la Competencia inicia la investigación de posibles prácticas anticompetitivas en el ámbito de los programas de accesibilidad
El 27 de marzo de 2012, inspectores de la Dirección de
Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) han llevado a cabo
inspecciones en la Fundación ONCE y sus empresas Fundosa Grupo S.A. y Fundosa
Accesibilidad S.A. (Vía Libre) bajo la sospecha de supuestas prácticas anticompetitivas,
en el contexto de los Convenios Marco de colaboración entre la Fundación ONCE y el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para desarrollar programas de
accesibilidad universal dirigidos a promover la cooperación e integración social de
personas con discapacidad. De acuerdo con la información disponible, la gestión de
dichos Convenios otorgaría a la Fundación ONCE la posibilidad de controlar el diseño y
ejecución de los proyectos de accesibilidad, favoreciendo a sus empresas en las
licitaciones para desarrollar dichos proyectos y dificultando la adjudicación a sus
competidores.

Así, la CNC ha incoado el expediente sancionador S/0408/12 a la Fundación ONCE,
Fundosa Grupo S.A. y Fundosa Accesibilidad S.A.

El objeto de las inspecciones ha sido verificar la existencia, en su caso, de actuaciones
de las empresas implicadas que podrían constituir prácticas restrictivas prohibidas por
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) consistentes en
favorecer, a través de la gestión técnica de los Convenios Marco de colaboración con el
IMSERSO para el desarrollo de programas de accesibilidad para la integración social
de personas discapacitadas, a empresas de la Fundación ONCE, dificultando la
concurrencia de los competidores en igualdad de condiciones.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la
supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la
culpabilidad de la entidades inspeccionadas.

Asimismo, la incoación de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final
de la investigación formal. Se abre ahora un plazo máximo de 18 meses para la
instrucción del expediente correspondiente y para su resolución por la Comisión
Nacional de la Competencia.

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