¿Qué fue de los verdugos de Miguel Ángel Blanco?

 "Aceptamos que somos militantes de ETA y no vamos a parar en la lucha por la libertad de Euskadi". Fueron las palabras que en euskera pronunció Francisco Javier García Gaztelu, "Txapote", y su pareja Irantzu Gallastegi, "Amaia", en el juicio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Dieciséis años después ambos siguen en prisión sin mostrar ningún arrepentimiento.

Son los autores del secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua el 12 de julio de 1997 que continúan cumpliendo pena por este y otros crímenes del comando Donosti que ejecutó a Blanco y en el que también participó José Luis Geresta, "Oker", que no llegó a sentarse en el banquillo, ya que se suicidó de un disparo en 1999 a las afueras de Rentería (Guipuzkoa) días después de la detención de Gallastegi en Francia.

Además de estos tres etarras, fue condenado a 25 años el exconcejal de HB en Eibar Ibon Muñoa por colaboración al dar cobijo a los tres miembros del comando e información sobre Blanco. Está en libertad desde octubre de 2020.

FRANCISCO JAVIER GARCÍA GAZTELU, TXAPOTE 

La sentencia de la Audiencia Nacional que condenó en junio de 2006 a Txapote a 50 años por el asesinato de Miguel Angel Blanco, de 29 años, concluyó que fue este etarra, con 31 años, quien apretó dos veces el gatillo y acabó con su vida.

La sentencia justificó la pena máxima y la prohibición de acercarse a Ermua durante los cinco años siguientes a su excarcelación por la extrema gravedad de los hechos y por la actitud de él y de su compañera que, durante el juicio, mostraron una "absoluta indiferencia y desprecio" y sin el menor signo de compasión o arrepentimiento.

Txapote acumula condenas que alcanzan los 500 años en prisión. Al asesinato de Blanco se suman en su historial sangriento una decena de muertes como las Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica, José Luis López de la Calle o Fernando Buesa y su escolta.

Lleva prácticamente dos décadas encarcelado desde que el 22 de abril de 2001 fuera detenido en Francia que lo entregó a España a finales de 2005 para ser juzgado por casi una decena de atentados. Su actitud ante los tribunales siempre ha sido arrogante y de desprecio.

A sus 56 años y con dos hijos de su compañera Gallastegi el que fuera jefe militar de ETA entre 1996 y 2001 sigue cumpliendo pena acumulada de 30 años por los delitos de asesinatos, atentados, detención ilegal, depósito de armas, falsificación documental, estragos, incendios, robo y daños.

Desde hace un año lo hace en una celda de la cárcel madrileña de Estremera tras ser trasladado por Instituciones Penitenciarias desde la prisión de Huelva.

Solo ha salido una vez de prisión y fue en 2017 cuando el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, le concedió un permiso -en contra de la junta de tratamiento da la cárcel onubense- para visitar bajo custodia policial y por el "tiempo imprescindible" a su padre.

En agosto del próximo año cumplirá las tres cuartas partes de la condena y, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, la fecha en la que tendría satisfecha su pena será en febrero de 2031, si bien tiene una causa aún pendiente por el asesinato en 1998 del concejal del PP en Rentería Manuel Zamarreño.

IRANTZU GALLASTEGI SODUPE, AMAIA 

Fue ella, según dictó la sentencia, quien abordó el 10 de julio de 1997 al concejal de Ermua en torno a las 15.30 horas cuando se bajó en la estación de Eibar. Nunca se ha sabido qué le dijo ni si le amenazó con algún arma para introducirlo en el coche en el esperaban Txapote y Oker y conducirlo "hasta un lugar que no se ha podido identificar".

Su expediente penitenciario no dista del de su pareja, con el que ha ido compartiendo prisión y traslados. Algo diferente es su historial etarra porque Amaia, de 49 años, fue detenida dos años antes que él, concretamente en marzo de 1999 en París junto al entonces jefe de los comandos ilegales de ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri.

Fue entregada de forma definitiva por Francia en junio de 2005 y cumple, como Txapote, pena en Estremera tras pasar la mayor parte de su condena en Huelva, en total 30 años de pena acumulada que, según fuentes jurídicas, tendrá extinguida en mayo de 2031.

Fuentes jurídicas apuntan a Efe que la pareja sigue manteniéndose en la línea dura, incluso señalan que han mostrado su desacuerdo con algunos de los últimos planteamientos del colectivo de presos que recomendó que los homenajes a los miembros de la banda cuando lograran la libertad se hicieran en el ámbito privado.

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?¿SE PUDO IMPEDIR LA EJECUCIÓN?

Con el secuestro a Blanco -diez días después de la liberación del funcionario de Prisiones José Antonio Ortega Lara tras 532 días retenido en un zulo- ETA lanzaba un ultimátum al Gobierno de José María Aznar. Si no trasladaba a los presos etarras a Euskadi, el concejal sería asesinado antes de las cuatro de la tarde del 12 de julio.

¿Quién estaba detrás de este chantaje?¿Quién dio la orden de cumplir la amenaza?

A principios de 2016, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco reabrió el sumario y procesó al exdirigente etarra José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, cuya firma aparecía en unas cartas con instrucciones precisas sobre la ejecución del secuestro.

Contra él y otros cinco más se querelló la asociación Dignidad y justicia ante la Audiencia Nacional que investiga si estos dirigentes tuvieron responsabilidad en el atentado por omisión, porque pudieron evitar aquel crimen tras 48 horas de secuestro.

La Guardia civil no tiene dudas y señala en un reciente informe a cuatro integrantes del comité ejecutivo o zuba -Kantauri, Mikel Antza, Iñaki de Rentería y María Soledad Iparraguirre, Anboto- como los responsables en el crimen de Blanco.

La clave de este procedimiento es si los exjefes de ETA pudieron ser responsables por omisión del crimen de Miguel Ángel Blanco porque hubieran podido impedir de algún modo su asesinato durante las 48 horas que estuvo secuestrado.

El juez investiga asimismo si los entonces miembros del comité ejecutivo de ETA (Zuba) en el momento de los hechos dieron la orden de asesinar al concejal, si bien fuentes consultadas por Efe subrayan la dificultad de determinar este extremo.