Amnistía Internacional (AI) ha manifestado este jueves que la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados no es el lugar apropiado para investigar supuestas violaciones de derechos humanos que pueden suponer los espionajes con el programa Pegasus.

En un comunicado, el director de AI España, Esteban Beltrán, estima "precisa una investigación exhaustiva, imparcial e inmediata de todos los casos que hayan podido ser infectados con Pegasus, pública y no amparada en secretos de Estado".

Señala que el Gobierno "no puede utilizar la excusa de la seguridad del Estado para ocultar posibles violaciones de derechos humanos en el día en el que, tras más de dos años de retraso, comenzará su trabajo la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados".

Recuerda que entre sus tareas se encuentra la investigación de todo lo relacionado con el caso Pegasus y se produce tras revelaciones de que políticos catalanes habrían sido espiados así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algunas ministras.

"Esta comisión, caracterizada por el secretismo y el oscurantismo, no puede ser el lugar adecuado para investigar supuestas violaciones de derechos humanos", asegura Beltrán.

Añade que la negativa del Congreso de los Diputados a establecer una comisión de investigación específica para "conocer al detalle la implicación de las instituciones del Estado" en el supuesto espionaje contrasta con la decisión de la Eurocámara de crear una sobre el uso del programa espía de vigilancia Pegasus y otros equivalentes.

"Como también contrasta el hecho de que el Gobierno haya recurrido a la justicia para que se investiguen los teléfonos de sus miembros infectados mientras que no ha impulsado investigaciones sobre el resto de casos conocidos", agrega.

Amnistía Internacional recuerda que lleva desde 2020 pidiendo al Gobierno que revele si es o ha sido cliente de NSO Group así como si ha utilizado Pegasus.

También considera necesario que se comprometa a colaborar con las causas abiertas ante la Justicia en aquellos casos particulares en los que hay indicios de haberse cometido espionaje y apoyar el establecimiento de una moratoria global sobre el uso, venta y transferencia de tecnología de vigilancia hasta que se establezca un marco reglamentario adecuado de derechos humanos al respecto.

Amanistía destaca que "ya ha denunciado anteriormente cómo el software espía Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO Group, se ha utilizado para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo".

"Ya hemos demostrado cómo esta herramienta es el arma preferida de gobiernos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas", advierte.

En todo caso, para Amnistía Internacional "es necesario reformar la ley de secretos oficiales que regula una materia tan sensible como la clasificación de información pública por razones de seguridad sin consonancia con estándares internacionales, lo que supone una restricción al derecho de acceso a la información que obstaculiza la investigación de violaciones graves de derechos humanos".