La Coordinadora Sindical de Clase (CSC), sindicato mayoritario en el comité de empresa de Ayesa AT, ha cifrado en 4,3 millones de euros el dinero del que se ha “apropiado la empresa entre los años 2011 y 3013 en concepto de antigüedad de la plantilla”, mientras ha responsabilizado directamente a la Junta de Andalucía, como accionista de Ayesa y principal cliente, de la situación de precarización de la compañía y de permitir que la familia Manzanares cierre la planta de SDS en El Puerto de Santa María.
El sindicato, en un comunicado, ha recordado que en mayo de 2011 el entonces consejero de Economía Antonio Ávila, ahora imputado por la jueza Mercedes Alaya en el caso de los ERE, consideró que la venta de Sadiel a Ayesa reforzaba “un proceso de expansión” de la compañía en la que se debía “no ya mantener empleo, debe crear empleo”.
Tres años después, relata CSC, Ayesa ha experimentado unas condiciones de trabajo “paupérrimas” que refleja la evaluación de riesgos psicosociales, además de la destrucción de unos 300 puestos de trabajo neto, lo que contrasta con los 630 creados en el exterior, con la ayuda de Extenda, en el proceso de internacionalización de la compañía.
Además, CSC calcula que la empresa se ha apropiado de 4.356.197,40 euros que le correspondían a la plantilla “compensando/absorbiendo el concepto de antigüedad” entre 2011-2013, cantidad que se une a la congelación salarial, que ha significado un empobrecimiento del 20% y el incremento del 7,57% de la brecha salarial con los directivos, que se llevaron el 23,75% de la masa salarial en el 2013.
Añaden la pérdida de beneficios sociales, del mes de jornada intensiva y de la paga de productividad variable, destacando además la sanción de la Inspección de Trabajo por el incremento de la explotación al superar el máximo legal permitido de horas extraordinarias.
CSC, que considera que la venta de Sadiel (actual Ayesa AT) al Grupo Ayesa fue “un engaño al pueblo andaluz”, culpa directamente a la Junta de Andalucía de ser el responsable de la situación existente en Ayesa AT, recordando que “mientras la familia Manzanares destruye empleo y lo precariza, se lleva trabajo al extranjero asesorado y apoyado económicamente por la agencia pública andaluza Extenda”.
Ante esta situación, CSC ha vuelto a exigir directamente a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que “intervenga y solvente el conflicto que ellos mismos han creado en Ayesa AT, empezando por impedir que la familia Manzanares cierre SDS. Capacidad para hacerlo la tienen pues son accionistas de la empresa y el primer cliente de la misma”, concluyen.
