De nada han valido las movilizaciones de los trabajadores, las reuniones con los políticos de turno, ni las denuncias en los juzgados. Se vuelve a demostrar que cuando una empresa quiere cerrar no hay nada que hacer, al menos en la provincia de Cádiz.
Sadiel Desarrollo de Sistemas (SDS), otra de las empresas que llegó bajo el amparo del Plan Bahía Competitiva, cacareado por la Junta de Andalucía tras el cierre de Delphi, entre otras cosas para reabsorber a los desempleados (sólo se recolocó a uno por ser el único que cumplía los requisitos formativos) anunció su cierre definitivo hace dos semanas.
A menos que ocurra un milagro de última hora, a finales de octubre la planta cerrará sus puertas, como lo hizo en su día Gadir Solar, también beneficiada por el Plan Bahía Competitiva. Sadiel, filial del grupo andaluz de ingeniería Ayesa Advanced Technologies, también se llevó una buena tajada a cambio de levantar su planta en El Puerto de Santa María, unos 400.000 euros del Plan.
Antonio Jesús Dionisio Vázquez, vicepresidente del comité de empresa de SDS en El Puerto de Santa María, aseguraba que era un desenlace que se veía venir, porque cada vez había menos carga de trabajo, de ahí las innumerables protestas que han llevado a cabo durante estos meses. “Ahora nos vemos en la calle 73 padres de familia, que a lo largo de estos siete años hemos ido construyendo nuestras vidas en función de nuestro trabajo”, comentaba Vázquez.
El vicepresidente del comité responsabiliza del cierre en gran parte a la Junta de Andalucía, que en 2011 vendió el 15% de sus acciones a Ayesa (pasando de tener el 37,5% de las mismas al 22%). “Los trabajadores nos opusimos en su momento a esta maniobra de la Junta, porque suponía la privatización a un precio risible de una empresa fuerte y con beneficios año tras año, y porque la venta se hizo a espalda de los trabajadores y sin que se garantizasen las condiciones de éstos.”
Según otras fuentes sindicales, la empresa a la que pertenece, Ayesa, ya daba a entender en sus cuentas anuales “que con la amortización de las subvenciones por los acuerdos de Delphi, en 2015 habría que cerrarla”. Ni 2015, ni 2016, al final el golpe mortal se pretende dar antes de lo esperado por la propia empresa matriz. Y todo esto, a pesar de los suculentos beneficios acumulados por Ayesa. Unos beneficios que no hacen más que subir año tras año. En 2013 tuvo 4,6 millones de superávit, un 20% más que en 2012, según publicó El Economista.
En enero, la justicia le daba la razón a los trabajadores de la planta de SDS en El Puerto ante la intención de la empresa de realizar traslados a Sevilla. La tranquilidad duró bien poco, ya que como se temían los empleados, lo único que consiguieron fue ganar algo de tiempo.
SDS se abrió en El Puerto de Santa María en 2007, al calor del Plan Bahía Competitiva de la Junta de Andalucía. La proyección de la empresa era de tener del orden de 300 trabajadores en un plazo de dos años , un pronóstico que nunca se cumplió, ya que en el momento de máximo explendor llegó a tener 190 empleados. Fue en ese momento, justo antes de las últimas elecciones autonómicas de 2012 cuando la Junta de Andalucía y parte del accionariado decidieron desprenderse de las acciones y vender el 51% a Ayesa, una empresa de ingeniería civil propiedad del andaluz José Luis Manzanares. A continuación, dio comienzo un proceso de reestructuración de la empresa que supuso que varias subcontratas dejasen de tener trabajo y que la mitad de la plantilla se viese en la calle, mientras la otra mitad sufría una merma de sus condiciones laborales.
El año pasado por estas fechas la empresa anunció el traslado de prácticamente la totalidad de la plantilla a la oficina de Sevilla. Unos traslados que venían impuestos unilateralmente sin que el comité de empresa tuviera notificación previa y sin ningún tipo de justificación.
“Mientras nosotros hemos estado sufriendo el latigueo del empresario, se han estado abriendo oficinas en suramérica ayudados además con el dinero del Plan Extenda de la Junta de Andalucía. Es decir que se usa el dinero de los andaluces para llevarse el trabajo fuera”, aseguraba a Bahía Información el vicepresidente del comité. Pero lo cierto es que ese trasladó no llegó a efectuarse, por la intervención de la justicia que dio la razón a los trabajadores.
En medio de este proceso se abrió una planta en Sevilla y algunos trabajadores que ya se habían trasladado decidieron quedarse ahí, de manera que en la actualidad hay 74 trabajadores en El Puerto y cerca de 30 en Sevilla.
Ayesa no se rinde
La justicia paralizó los traslados a principios de año, pero entonces Ayesa cambió de estrategia y empezó a reducir la carga de trabajo que derivaba a la planta gaditana: “Nosotros somos filial de Ayesa, es decir, que Ayesa es nuestro único cliente y no podemos trabajar para nadie más. Si Ayesa no nos manda trabajo no podemos hacer nada. Ellos nos dicen que el cliente no se siente seguro con la planta de El Puerto, pero la realidad es que nuestro cliente son ellos y por lo tanto está en su mano enviar carga de trabajo”, manifestó Antonio Vázquez, para quien la empresa está haciendo todo lo posible por fabricar los números rojos que le permitan cerrar con total impunidad.
“A nosotros nos consta que en Sevilla hay empleo porque así nos lo ha hecho llegar el comité de empresa de Sevilla a través de un informe avalado por la Inspección de Trabajo. Lo que pasa es que Ayesa quiere trabajar en suramérica porque le sale más barato la mano de obra como se pone de manifiesto en las cuentas auditadas del año pasado”.
La primera reunión con la empresa para negociar los despidos fue el miércoles. “En un gesto que ellos entienden de buena voluntad, nos han ofrecido 24 días por año trabajado en lugar de los 24 que marca la ley, pero no nos vamos a conformar con eso, además en nuestro caso no les supone mucho ya que el que más lleva en la empresa lleva siete años”, apostilló Manuel Chanivet, miembro del comité.
La Junta, responsable
“Nosotros estamos seguros de que la empresa de El Puerto es viable pero para ello hace falta que nos manden carga de trabajo. La empresa es responsable de la situación, pero también la Junta de Andalucía, porque nos vendió a la baja sin recibir a los trabajadores y sin ningún tipo de exigencias hacia la empresa compradora. Por eso le pedimos que busque soluciones, ya sea que nos venda a otra empresa o que obligue a Ayesa a mandarnos carga de trabajo”.
La gran mayoría de los trabajadores de SDS son ingenieros informáticos que no llegan a los 35 años de edad y que vienen a cobrar una media de 1.000 euros al mes.
“El problema fundamental es que la empresa no quiere mantener la planta abierta, entonces no hay voluntad de negociación de ningún tipo, porque si fuera así nos sentamos a negociar y se plantean soluciones. Por eso, lo único que nos queda es que la Junta de Andalucía tome parte y busque soluciones. Queremos trabajar con tranquilidad, sin tener todo el día en la cabeza que estamos en el filo de la navaja”, apostilló Chanivet.
La próxima reunión será el martes y la empresa por ahora no contempla ninguna alternativa para conservar la planta. “Igual que se hizo una Ley antidesahucios, podrían hacer algo para que las empresas no puedan cerrar con tanta libertad si se demuestra técnica y económicamente que son viables. De lo contrario, se abandona a los trabajadores y se les deja en una situación de total desamparo”, indicó Vázquez.
El comité de empresa de SDS también se reunicó con la agencia IDEA para transmitirle que están en contra del cierre de la empresa, y que entienden que se hubieran podido adoptar otro tipo de medidas, que podrían pasar por un plan de reestructuración por ejemplo.
Con respecto a las ayudas que se pudieran haber recibido por parte de la agencia, Idea les aseguró que aunque hubieran terminado las de 2013, existen otras líneas de financiación a las que se hubiera podido acoger Ayesa y que, en todo caso, si finalmente no se ha cumplido el objetivo para el que se hubieran otorgado en su momento, la agencia IDEA revisaría el expediente y adoptaría las medidas legales oportunas para el reintegro de las mismas si no se han cumplido los objetivos para las que se otorgaron.
Guerra abierta
La empresa de ingeniería sevillana Ayesa AT ha expedientado a la mitad de los miembros del comité de empresa, a cinco de ellos sancionándolos con un mes de suspensión de empleo y sueldo, y a los seis restantes, con amonestaciones.
Este “atropello sindical” lo relacionan directamente con la intención de Ayesa de presentar un expediente extintivo en la planta de Sadiel en El Puerto de Santa María, para obstaculizar la labor del comité ante un proceso que afectará a 73 trabajadores de la plantilla y que la propia empresa ha comunicado que se desarrollará, precisamente, durante un mes. Los trabajadores de la planta de El Puerto se reunieron el pasado jueves para decidir las medidas de protesta a seguir, ya que a finales de este mes la empresa echará el cierre.
