Abres el grifo y sale agua. Fresca. Limpia. Sencilla maniobra. De la ducha, de la cisterna, de la manguera del jardín, de los aspersores quien para su fortuna tenga verde césped que regar, de la pila, de la lavadora, del lavavajillas. Agua en diferentes tomas de salida por toda la casa. Imprescindible. Tan habitual que no la apreciamos cuando la tenemos, tan necesaria que deriva en enorme drama social cuando escasea su suministro. ¿De quién es el agua si, como es evidente, cae del cielo? ¿Por qué pagamos por ella y por qué hay ayuntamientos que gestionan directamente su ciclo integral y otros conceden a empresas privadas la gestión del mismo mediante concesiones administrativas o empresas mixtas? No hace mucho, cuando todo esto era campo como diría cualquier abuelo entrado en años, el método consistía en ir a la fuente con un cántaro y/o tener un río a mano. Gratis, pero tan laborioso como impensable hoy. Entonces alguien pensó e inventó la tubería y, acto seguido, ideó un contador, le puso precio a la idea y creó un negocio.
En alta y en baja. El agua que del cielo cae y que por obra de Dios circula por ríos y se almacena en pozos, manantiales o pantanos llega hasta nuestros hogares en dos tramos: agua en alta, que es aquella que llega desde su enclave natural hasta los depósitos donde, ya tratada, se almacena y cuya gestión corre a cargo de consorcios o mancomunidades que facturan a los ayuntamientos y que, en consecuencia, tienen muchas dificultades para cobrar, y en baja, que es el tramo entre los citados depósitos y el grifo del ciudadano y cuyo ámbito de responsabilidad es municipal. Un contador dice la cantidad de agua que sale del depósito y se compara con la que se factura y el diferencial delimita lo que se denominan pérdidas, que es el agua que se pierde en la red por deficiencias de la misma y que de media está en el 20% en una red considerada aceptable y que, en otros casos, sube hasta el 40 o 50% en las consideradas como muy deficientes; en todos ellos las pérdidas las paga el ciudadano en su recibo, conste.
Aunque la gestión del agua en alta también puede ser privada lo habitual, por lo dicho, es que sea pública, mientras que en baja suele ser al contrario por una simple cuestión de garantía en el cobro. ¿Por qué? Mientras que usted vecino paga la basura al Ayuntamiento y éste, una vez cobrado, debe liquidar a la empresa concesionaria, que suele ser entre tarde y muy tarde, con el agua pasa al revés: la empresa pública o privada cobra el recibo al ciudadano, descuenta su margen de beneficio y posteriormente liquida el diferencial al Ayuntamiento, con lo cual tiene garantizado siempre el cobro porque el agua, ante el temor de que te la corten, es lo primero que todo el mundo paga. Por esta razón todas las empresas que gestionan el agua en los ayuntamientos son rentables y por esta razón cuando los ayuntamientos necesitan liquidez las privatizan, mediante las fórmulas de concesión o mixta, para obtener lo que se conoce como canon anticipado. ¿Y eso qué es?
El canon. Tanto en un modelo como en el otro, las empresas privadas abonan al ayuntamiento un canon anual por el uso de las instalaciones, redes e infraestructuras, que son propiedad de los ayuntamientos, por un periodo que suele ser de 25 años en lo que se entiende como un alquiler de la gestión del ciclo integral. Si es mixta, la privada suele entrar con el 49 por ciento de las acciones, mientras que si es concesión se queda con el cien y paga, por tanto, más. Este canon debería abonarse año a año, pero como los ayuntamientos andan como andan piden que el dinero de los 25 años se les anticipe a hoy, con lo cual hay que descontar el interés, situado entre el ocho y el diez por ciento, de traerte el dinero de dentro de 20 o 25 años a hoy. El ayuntamiento, de este modo, gana liquidez hoy, pero pierde mañana. Lo sensato y rentable sería recibir ese dinero año a año, pero la asfixia municipal propicia lo contrario. Todo hoy, mañana Dios, de estar, proveerá.
Como ejemplo, Ajemsa, en Jerez, pide un canon anticipado de 80 millones de euros en un modelo de concesión administrativa, mientras que Apemsa, en El Puerto, lo sitúa en torno a los 15 millones de euros en un modelo de empresa mixta. Ambos a 25 años. Sanlúcar vendió su concesión hace algo más de dos años en 16 millones; Barbate, Vejer, Villamartín, casi todo el Campo de Gibraltar, Ubrique, Rota, San Fernando o Arcos, la última, entre otras muchas, tienen privatizado este servicio.
Las empresas. No es que sean muchas, pero de todas, cuatro. Las dos más fuertes son Acuagest, participada por Unicaja y cuyo presidente en su división sur es Braulio Medel, presidente de Unicaja, y Aqualia, perteneciente a FCC y dentro del imperio de las hermanas Koplowitz, mientras que las otras dos son Acciona, de la familia Entrecanales y con mucha capacidad financiera que se quiere hacer fuerte en el mercado, y Gestagua, del Grupo Saur y de capital francés que apenas tiene representatividad en el mercado andaluz. Hay otras, como Aguas de Valencia, Valoriza, El Canal de Isabel II, Cespa, Agua y Gestión…, pero a años luz en contratos de las dos primeras e incluso de las dos segundas. Pero son las dos primeras, Aqualia y Acuagest, quienes siempre, por capacidad tecnológica y financiera, se miden en el cuerpo a cuerpo en todos los concursos: se conocen a la perfección, se impugnan mutuamente, se detestan con respeto porque, simplemente, compiten por lo mismo. Son el Real Madrid y el Barcelona y no significa que las demás no jueguen a la pelota, lo hacen, pero meten menos goles. Así de simple.
Los concursos. Debido a la debilidad financiera de los ayuntamientos las empresas que gestionan los ciclos del agua viven un momento de máximo esplendor porque no dan abasto. Casi no pueden comer lo que el mercado ofrece. Claro que, a pesar de su fortaleza, acudir a todos los concursos con fondos propios, y más ahora ante la debilidad de los bancos, es imposible y por ello en más de una ocasión lo hacen acompañadas de fondos de inversión extranjeros: es lo que ha hecho Acciona en la privatización de Agües del Ter-Llobregat (ATLL) al acudir con un fondo de un banco brasileño para un canon de 995 millones de euros. Agbar –Aguas de Barcelona, que es Acuagest- ha impugnado y ahora la concesión está en el juzgado después de que el grupo Entrecanales haya aportado ya un primer pago de 298 millones de euros, que ha servido para pagar la extra de Navidad de los funcionarios de la Generalitat.
Los ayuntamientos ponen a la venta sus empresas públicas de agua solo ante la necesidad de obtener liquidez y no porque estas no sean rentables, lo son y mucho porque de hecho todos pagamos el agua. ¿Cómo no hacerlo?
El ciudadano. Entre el sistema actual y el cántaro a la fuente no hay margen de duda. El ciudadano quiere un servicio eficiente y un coste razonable: las empresas nunca pueden subir por su cuenta una tarifa, esa potestad es solo del Pleno del Ayuntamiento. Es decir, que si sube el agua por encima del IPC es decisión política. Siempre. Otra cosa es que usted, libre como es, quiera acordarse de Esther Koplowitz mientras canturrea y se enjabona bajo la ducha.
