Hay que tener en cuenta, y entro con quien dice de lleno en el tema, que el tramo de la AP-4 que une Sevilla y Cádiz es la única vía rápida de pago sin autovía alternativa que queda en toda Andalucía, una concesión que hasta el 2019 tiene la empresa Aumar y que desde principios de este año sube a 7,15 euros por viaje –a los gaditanos, pues, nos cuesta 14,30 euros ir y, como viene siendo costumbre extendida, volver-. No es ir solo a Sevilla, es ir a todo destino que te obligue a pasar por ahí y eso, salvo Málaga por la Algeciras donde te encuentras otros tres peajes a no ser que optes por la costa, es pagar vayas a donde vayas –Huelva, Córdoba, Granada, Madrid…-, u optar por la nacional y morirte de asco tras cientos de camiones. Y como somos los únicos de toda Andalucía sin autovía decente alternativa que pagamos, ahora nos la suben. ¿Cuánto le cuesta a Cádiz al año esa subida de barrera? Si trabajas en Sevilla y vives en Cádiz o viceversa, 21 días de peaje te salen por 300,3 euros al mes. ¿Cómo afecta, además, al tránsito de negocio? ¿Hasta qué punto a un visitante esporádico le influye ese peaje? ¿Por qué Cádiz, por Sevilla o Málaga, está rodeada de barreras y las demás provincias no? ¿Y por qué nuestros gaditanos políticos tienen la fea costumbre de sacar el temita a conveniencia y cuando gobierna el PSOE en Madrid, que a través de Fomento tiene las competencias, son los del PP quienes piden la liberalización, y cuando gobierna el PP son los del PSOE quienes la reclaman? De verdad que debemos de parecer muy tontos. Hasta la Guardia Civil ha caído en la cuenta de esto y, a diferencia de antes, ahora son habituales los controles de velocidad a medio camino –que no censuro yo el quehacer de la benemérita, solo faltaba, cosido a flashes como me tiene el verde cuerpo-, pero que ni por pagar peaje nos salvamos. 

Como la memoria es frágil, recordemos. Chaves prometió en la campaña de 2004 liberar la Sevilla-Cádiz si ganaba. Ganó. Liberó, previo desdoble de autovía Jerez-Puerto-Real, solo ese tramo en 2005 a través de un acuerdo llamado Peaje en la sombra mediante el cual se abona hasta 2019 vía canon anual por el lucro cesante a Aumar la nada despreciable cifra de 72,3 millones de euros y, a cambio tras el incumplimiento, prometió presupuestar el desdoble de la N-IV para ejecutarlo hasta Dos Hermanas, de lo cual nunca más se supo. Pero mi pregunta es: ¿Si se hizo la inversión con una buena autovía entre Jerez y Puerto Real, por qué pagarle 72,3 millones a Aumar más revisiones de IPC por suprimir la barrera de la bahía que durante 33 años estuvo cobrando cuando, a todas luces, lo lógico hubiese sido negociar la eliminación de la barrera de Las Cabezas al no haber en ese otro tramo autovía alternativa? Pero se hizo al revés. ¿Por qué? ¿Y por qué en 1997 el primer gobierno del PP amplió la concesión por otros trece años a Aumar hasta 2019 cuando la misma cumplía en 2006? Aumar, por cierto, incorporó a su consejo a varios del equipo asesor de Zaplana, algo así como sucediera con Aznar y Endesa: el ex presidente la privatizó en 2004, desde entonces la luz ha subido la friolera de un 80 por ciento y hoy es su asesor externo para Latinoamérica por unos 200.000 euros anuales. Puede que no lo sea, pero lo parece. Aumar, Endesa. En fin.

Y mientras, nos entretienen unos y otros echándose culpas en función de quien gobierne en Madrid. Al menos podrían tener la decencia de callarse y dejarnos pagar en paz este peaje que más que conducirnos al futuro del progreso nos ancla al pasado.

Gastos impropios. Otro tema. Gaspar Zarrías (PSOE) y Manuel Cobo (PP) ultiman estos días el texto del proyecto de Ley de Régimen Local mediante el cual se pretende eliminar 1.000 mancomunidades, que las Diputaciones asuman competencias de pequeños municipios, que los alcaldes, en ningún caso, cobren por encima de los Secretarios de Estado -67.055 euros al año-, que se clarifiquen competencias en el ámbito local para evitar duplicidades, que se reduzcan concejales y gabinetes, que secretarios, tesoreros e interventores vuelvan a ser competencia del Estado y, de este modo, y ahí voy, se evite que un alcalde realice gastos que no estén dentro de sus competencias. Gastos denominados impropios. En líneas generales, bien y conveniente, pero me pregunto hasta qué punto delimitará la nueva ley lo que es un gasto impropio: ¿Lo es que un Ayuntamiento, por ejemplo, tenga una televisión municipal cuando es un servicio no esencial que, además, está hasta triplicado? ¿Lo es que un Ayuntamiento esté sobredimensionado en capítulo uno? Y añado: ¿Manda el interventor o el alcalde? No es que me decante por uno u otro, es por saber, ya que los interventores parece que rompen definitivamente en policías del alcalde. ¿Los interventores, siendo un cuerpo técnico, actúan con el mismo guión y criterio en todos sitios? ¿Es correcto dar validez a un presupuesto donde el capítulo de ingresos está visiblemente inflado solo porque alguien ha firmado un informe técnico? La vida se vuelve muy dura si ahora hay que empezar a fiscalizar al fiscalizador. Y seguro que los alcaldes, grandes culpables del desastre financiero que hoy padecen los municipios, entienden, temorosos, lo que digo. Porque un interventor no hace política ni se presenta a las elecciones, va al ritmo que le marca la plaza fija de funcionario de élite por oposición de la que, con todo derecho, goza. Ultima pregunta. ¿Si los conocidos como cuerpos nacionales, que son interventor, tesorero o secretario son competencia del Estado y un Ayuntamiento no cumple con, por ejemplo, un plan de ajuste, es el Estado también responsable?

Sea de un modo u otro, está claro que la vida municipal, a Dios gracias, no volverá a ser lo que fue y que desmadres consentidos como los vividos durante la última década no serán posibles, tanto como que ser trabajador de la administración pública, y ahí incluyo sobre todo a los que lo hacen transitoriamente por la vía política, ha pasado a ser un chollo más que relativo.

2013, y lo digo en esta mi primera tribuna del año, va a ser muy duro para todos, de cambios. Nadie duda de la necesidad de ello y no hay que tener temor sino cintura y ganas de adaptarse, pero hay situaciones del pasado que lastran y que merecen la responsabilidad política de ser revisadas. Es hora de agarrar al toro por los cuernos porque decisiones que antes eran impensables hoy se aceptan, entre otras razones porque todos nos hemos vuelto expertos en economía y entendemos los recortes, pero para todos, no solo para un cada vez más desnutrido ciudadano que paga hasta por el aire que respira y solo para mantener un sistema que ha pasado de ser caro a insostenible. Y no es justo. No es justo que paguemos peaje para financiar muchos gastos que, sabemos todos, son impropios.