El actual modelo de Estado en España es insostenible, lo sabe Rajoy, Rubalcaba, Merkel, Obama y hasta el pato Donald y, por ello, los dos grandes partidos del país, en las figuras de Cobo (PP) y Zarrías (PSOE), llevan meses manteniendo encuentros en la idea de reducirlo en 3.500 millones de euros anuales. La base es el anteproyecto de reforma de la Ley de Haciendas Locales a través de la cual, y entre otras cuestiones, se plantea la reducción de Ayuntamientos, limitación de número de concejales y su regulación salarial, cesión de competencias a diputaciones y eliminación de duplicidades entre administraciones estatal, autonómica y municipal. La Junta, al tiempo, ha presentado esta semana los presupuestos para 2013 y al margen de recortes en diferentes áreas, –llama la atención que la más castigada sea la Consejería de Turismo, hoy en manos de IU, siendo ésta la primera y casi única industria de la comunidad-, se intuyen serios recortes en 111 entes públicos andaluces, siguiendo el camino trazado en el sentido de redimensionar lo público para cumplir el compromiso de reducción del déficit y que implicará, sin duda, despido de trabajadores bajo el amparo de la nueva ley, también recientemente aprobada, sobre “insuficiencia presupuestaria” durante tres meses consecutivos como motivo para justificar despidos objetivos. Es decir, ERE en empresas públicas a 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades. Con estos hechos objetivos que en pocas líneas relato me aventuro a decir que 2013 será año de sangría laboral en las administraciones públicas, reubicándolas hacia lo que siempre debieron ser, que no fueron por el uso partidista que del empleo se hizo y que hoy, por desgracia, pagará el funcionario, sea de carrera, por oposición, laboral o amigo de alguien y, en este caso, el culpable, insisto como otras veces, ha sido ese sistema permisivo en el que conocer a “alguien” abría puertas de empleo público.
No comparto la inquina por sistema hacia el funcionario, como tampoco que una plaza laboral sea de por vida por encima del rendimiento de quien la disfruta. Tal vez, y somos conscientes ahora, el sistema más corrupto que se ha desarrollado en este país en los últimos veinte años tenga mucho que ver con el uso que se ha hecho del empleo público, alrededor del cual se ha tejido una tela de araña de tales dimensiones que hoy, llegados a la certeza de que el modelo es insostenible y toca reducirlo, el sistema se siente incapaz de volver de donde nunca debió salir y hacerlo rodeando la tragedia, y ésta no es otra que la certeza colectiva de que el desempleo que se produzca del sector público difícilmente encontrará reinserción laboral en el sector privado de hoy. En consecuencia, más paro sin retorno. Un caos.
Además, ¿quién se hace esa foto? Solo es posible mediante un pacto de Estado de los dos grandes, si bien dudo que encuentren acomodo ambos en el texto del acuerdo final.
Insisto. Corrupción no es solo meter la mano en la caja, que por supuesto, es y ha sido facilitar empleo a dedo como método de fortalecer organizaciones políticas y de eso todos, más o menos, saben.
Corrupto me parece un sistema en torno al empleo que ha permitido y permite valoraciones subjetivas de puestos de trabajo, contrataciones al margen de lo que deberían ser férreos procedimientos públicos, creación de multitud de empresas públicas cuyo principal objetivo ha sido facilitar acomodo laboral a afines y, todo ello, crecimiento masivo y desbordado de una administración pública que hoy es incapaz de sostenerse a sí misma y que, en muchos casos y desde luego no en todos, se ha alejado de su objeto fundamental, que no es otro que prestar servicio. No es admisible, por citar un ejemplo certeramente publicado esta semana, que un negocio de hostelería tarde más de cuatro meses en obtener licencia de apertura cuando once personas, que cobran del INEM, están pendientes de ese papel para empezar a trabajar, y es entonces cuando el entramado administrativo comienza a echar la pelota de un sitio a otro y, al final, la culpa la tendrá el emprendedor porque olvidó poner una coma en el párrafo siete de su solicitud.
Es decir, un sistema caro y lento, exactamente lo contrario que debería ser y lo es porque ha vivido con red, nómina y trabajo garantizado de por vida y a las dos me voy. No es su culpa, conste, es de quien ha permitido que eso pase, que un Ayuntamiento tenga tres mil empleados y subcontratados a empresas privadas todos sus servicios esenciales o que un alcalde, amparado por la mayoría de su Pleno, se ponga sueldo, o, muy habitual, use el dedo para nombramientos de asesores, directores de área y demás manejo de un empleo público que, entiendo, debería ser por estricta oposición para que todos tengamos igualdad de oportunidades. Pero claro, si se pacta la Junta y la hija de es nombrada, ni más ni menos, directora general de algo, como exigirle al alcalde de, pongamos, Trebujena, no medie para facilitar empleo en su Ayuntamiento al hijo de alguien. Imposible.
Pactar Estado solo es posible desde un consenso político nacional en base a acotar tanto el sistema que nada ni nadie se lo pueda saltar, y estableciendo consecuencias graves para quien lo haga. Los planes de viabilidad para este ejercicio, y que se presentaron para acceder a la línea ICO de pago a proveedores son, en algunos casos, brindis al sol, y ni hablar del pago del ejercicio en curso y, de hecho, los obligados por ley informes trimestrales de intervención, que en algunos casos deben ser demoledores, están bien custodiados bajo llave. Pero saldrán. Y o Montoro se inventa otra cosa en el primer semestre del próximo año o en el camino de la intervención se van a encontrar muchos ayuntamientos.
Y, desgraciadamente, para cuadrar esa cuenta hoy no hay muchas más soluciones que reducir capítulo uno, personal. Más gente al paro. Y aunque las cifras lo aconsejen, me pregunto, inquieto, si se puede permitir este país, esta comunidad, esta provincia y su consumo interno crecer en otro tirón de miles de parados. ¿Puede? Y me temo que empieza a no poder.
Huelga. Visto lo cual, huelga general, la solución sindical imaginativa. De verdad que no lo entiendo. ¿Encima de la que tenemos vamos a meter al país otra huelga general? ¿Sirve eso de algo? ¿Ha servido alguna de las cinco últimas salvo para que nos recuerden que siguen existiendo los sindicatos? Planteo que los casi 60.000 liberados sindicales de España renuncien a la mitad de su liberada jornada. Solo es una idea, tal vez mala, pero distinta, e igual tan sorprendente que remueve más conciencias que la típica imagen de pancarta y megáfono a la que todos estamos habituados. Propongo.
Cinco años ha cumplido la crisis sin brotes y lo hace al son de este mes de noviembre que nos traerá el típico ya es Navidad en El Corte Inglés. Y este año, sin paga extra en el funcionariado y con muchas empresas recortando sueldos e incluso adeudando nóminas, me temo que Melchor, Gaspar y Baltasar pactarán Estado, sea de excepción, y cambiarán juguetes y regalos por alimentos, aunque sean navideños. Se valora lo que se pierde. Se disfruta el doble cuando uno lo recupera porque se lo ha ganado.