"Los trabajadores tienen que aprender que su poder no está en la fuerza de su voto, sino en la capacidad de parar la producción". Voltairine de Cleyre.
Todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución son esenciales para una sociedad libre y democrática, pero hay tres que determinan la línea de pensamiento sobre todo, expresarla y luchar por nuestros derechos para desarrollarnos como personas libres: las libertades ideológica y de pensamiento, de expresión y sindical. Pero ser libres no significa, en ningún caso, poder pisotear a otros, de hecho la libertad individual acaba donde empieza la del vecino y, por eso, la ideológica no te ampara ante cuestiones como el racismo, la xenofobia o el machismo, la de expresión no te permite decir lo que te venga en gana y por eso muchas sentencias condenan a medios de comunicación, también a personas en su ámbito privado, que bajo la bandera de la libertad de expresión atentan contra otros, contra su imagen y dignidad, ni la sindical te protege cuando parapetados bajo la lucha por los derechos laborales se comete acoso, amenazas y similares hostigamientos públicos. Tan evidente que estas tres libertades son básicas para el desarrollo de nuestra sociedad es como el hecho de lo peligroso que resulta cuando usando la bandera de esas libertades se actúa con el todo vale, degenerando la propia naturaleza de su protección constitucional. Por desgracia, suele ser un hecho habitual.
Por centrar. Tres conflictos sindicales estos días en la provincia, tras ellos distintos objetivos e intereses, pero todos, sin duda, aprovechando el momento de cercanía pre electoral. Sindicatos y política siempre han ido unidos porque provocar conflictos sindicales es demasiado fácil y, según en qué casos, puede erosionar al gobierno de turno, para satisfacción de los partidos que no gobiernan, que en su medidor del tiempo no ven más allá del ahora. La sobre protección que ha tenido el mundo sindical desde el inicio de la democracia sólo obedece a la necesidad de los políticos; los que gobiernan, para tener paz social, y los que no gobiernan para que no la haya. Así de simple. De este modo, en cada protesta, en cada huelga, el secreto mejor guardado ha venido siendo qué piden y una vez solucionado el conflicto los ciudadanos tampoco se enteran qué se les ha dado. Silencio cómplice. Y esto cuando estamos hablando de servicios públicos, pagados por todos, es grave, porque primero se nos usa de rehenes, aguantando el conflicto en las calles o la huelga de servicios y, luego, cuando hay acuerdo, es a costa de nuestros impuestos, por lo que tendríamos que saber lo que se ha cocinado y cuánto va a costar. Todo ello desembocando en que los sindicatos se han empoderado conscientes de la protección política que gozan por lo que pueden hacer hasta el punto de que algunos sindicalistas parecen extraídos de las calles de Chicago, años 30. Otros desde luego que no, los que realmente viven el sindicalismo dedicados a la defensa de los derechos laborales conjugados con el interés general y que han hecho de la suya una contienda digna, noble, heroica.
La Policía Local de El Puerto dejó sin servicio a la localidad durante meses en la que se conoció como la huelga de los pantalones al reclamar, entre otras cosas, vestuario apropiado para hacer su labor. Si buscamos en la hemeroteca es demasiado usual que este colectivo de todas las ciudades presente como motivo del conflicto asuntos domésticos de falta de uniformes o vehículos, pero luego cuando lo finalizan ni se les ha dado uniformes ni más coches porque lo que realmente pedían eran otras cosas inconfesables y que no son populares -más sueldo y menos horas de trabajo, un ejemplo-. La protesta de ahora es por la apertura de unos expedientes disciplinarios, doce agentes llamados a declarar por el instructor se enfrentan a la suspensión de empleo y sueldo durante 56 días acatada ya por otra docena de sus compañeros y ante la declaración de éstos un policía local, megáfono en mano, a todo trapo, amparado por su libertad sindical, amenaza al instructor del caso: "Y el policía local se encontró contigo en un pub y tuvo los huevos de encerrarse con el inspector. Y te cagaste, te cagaste Antoñito. Imagínate lo que te puede pasar con sesenta policías de una plantilla que no es la tuya, imagínate si coincidimos en cualquier pub, en cualquier bar, en cualquier sitio". Espeluznante que se vierta esta amenaza de forma pública al pobre funcionario instructor que sólo cumple con su obligación y que demuestra la impunidad en la que se siente el sindicalista, megáfono en mano.
Con arraigo es el conflicto sindical en torno al sector de la vid, donde los sindicatos ante Fedejerez piden que se les revise los salarios, que desde 2020 tienen congelados. Unos salarios, por otra parte, bastante bajos con el sudor que tiene ese trabajo y, además, defienden que sus jornadas no estén a expensas de las empresas con una flexibilidad y disponibilidad que no les permite organizar sus vidas. Una movilización con causa justa que recuerda a las de décadas pasadas. CCOO se erige en el sindicato mayoritario y en voz de su secretario provincial de acción sindical y portavoz de la mesa de negociación, Manuel Romero: "Estamos abiertos a negociar cualquier propuesta salarial que no implique pérdida de poder adquisitivo ni renuncia a los horarios y calendarios laborales ganados en anteriores convenios, porque sería un retroceso". El campo es, qué duda cabe, el rostro más curtido, noble y hermoso de la lucha sindical y en estos casos son indispensables los sindicatos.
En el Ayuntamiento de Jerez cuatro sindicatos, excepto CCOO, tienen entablada una guerra contra el gobierno local desde que comenzara la presente legislatura, amenazan sin pudor con un otoño caliente y preguntados sobre los motivos concretos que genera este enfrentamiento, apenas son capaces de concretar, no dicen qué causa de peso justifica que alcen el hacha de guerra junto a la bandera de la libertad sindical. En rueda de prensa reflejaron, sin darse cuenta, que detrás de esto lo que hay es que a cada sindicato le mueve un interés inconfesable porque cada uno tiene un ayer y un hoy, en no pocos casos un interés de corte personal y, en otros, un claro objetivo político. Las condiciones del personal del Ayuntamiento en nada tienen que ver con las de los empleados de la vid, en absolutamente nada, ni tan siquiera tiene que ver con las condiciones de casi ninguna empresa ni administración y ellos lo saben y por eso no pueden hacer público lo que piden, los ciudadanos se echarían en masa a protestar. Otra opción es que sepan que lo que piden no puede aceptarse y sea la excusa para montar este otoño caliente, cada uno movido por su interés -dos pagas extras más para tener cuatro al año, nada menos, y trabajar menos horas en semana santa, feria, navidad y verano sin que sea obligado recuperar esas horas, entre otras cosas-. Una amenaza de duro conflicto que curiosamente no ocurrió ante el ERE que hubo en 2012 y que motivó el despido, con razón o sin ella, de 260 trabajadores: esto sí hubiera justificado una contundente acción sindical.
Cuarenta y siete años de democracia y tres menos de Constitución deberían servirnos para analizar qué cosas se nos han ido de las manos, la mayoría con la ciudadanía ajena a los entramados y cuotas de poder que manejan los hilos que tejen el día a día de nuestra sociedad. Por ahora nadie está dispuesto a ponerle el cascabel al gato, pese a que es evidente que a unos habría que quitarle el carné sindical, ya, y el megáfono, a otros apoyarles sumándose en su lucha por los derechos de los trabajadores del campo, y a los sindicatos que anuncian la guerra en Jerez recordarles que están sobrepasando todos los límites y la gente empieza a darse cuenta.
