La portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, María Luisa Ceballos, ha anunciado este miércoles que su grupo pedirá que se le facilite un nuevo informe, emitido por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la institución provincial, relativo a las obras llevadas a cabo en una propiedad de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, y que se ha remitido a un juzgado cordobés que investiga la presunta comisión por Ambrosio y su marido de un delito urbanístico, por supuestamente ocupar una vía pecuaria.
En declaraciones a los periodistas, Ceballos se ha referido así a como, según ha publicado 'ABC Córdoba', el SAU ha enviado al juzgado un segundo informe, que contradice al que emitió anteriormente sobre este mismo asunto, ya que ahora sostiene que Ambrosio nunca pudo invadir una vía pecuaria, como resultado de las citadas obras, dado que los terrenos anexos a su propiedad, en la Estación de Obejo, no tienen esa característica, sino que tienen calificación industrial.
Ante esto, Ceballos ha dicho que se trata de "un tema con un criterio absolutamente técnico", razón por la que el Grupo Popular quiere contar con ambos informes, recordando que ya pidieron el primero "hace un par de meses", pero que "la Secretaría de la Diputación" les dijo que la institución provincial no les podía dar traslado del informe, sino que, en todo caso, debían pedirlo al "propio Ayuntamiento", aunque ese primer informe "estaba corriendo por todos los sitios".
Ahora, desde el PP de la Diputación, pedirán este nuevo informe del SAU, para saber "cuál es la situación que tiene" la parcela en cuestión, pues "parece que el segundo informe determina que hay una zona industrial limítrofe a la zona de la vía pecuaria", cuya "anchura" es preciso conocer, razón por la que los populares quieren tener acceso al segundo informe del SAU, "para poder tener una valoración clara de un tema tan técnico como éste".
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Diputación cordobesa, Esteban Morales, ha dicho que se trata de "informes que realizan los servicios técnicos y que van dirigidos a una causa judicial", razón por la que, desde la institución, no se hará "una valoración jurídica de los informes técnicos que nuestros servicios puedan realizar".
En cualquier caso, según ha asegurado Morales, "la Diputación siempre estará a disposición de lo que nos pidan los juzgados y respetaremos también, evidentemente, las resoluciones que emitan, pero no podemos entrar a valorar el contenido de los informes técnicos, y sobre todo cuando van a sede judicial", según ha insistido.
