Fernando Egea, uno de los seis ediles investigados por el caso Serrallo que siguen en el grupo municipal del PP, ha asegurado hoy que está "muy tranquilo" porque durante su etapa en el Gobierno local obró no solo "conforme a derecho", con informes técnicos, sino "con absoluta honradez y honestidad".

El concejal ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por la reciente decisión del Juzgado de Instrucción 2 de convertir en procedimiento abreviado las diligencias por el caso Serrallo, por el que se procesará al exalcalde de Granada José Torres Hurtado y a los nueve concejales que participaron en una Junta de Gobierno Local.

Egea, que está entre esos nueve ediles, ha respondido a los periodistas que tomó "precauciones" y se sirvió de los "mecanismos" propios de la ley y que el Ayuntamiento puso a su disposición para garantizar que los expedientes que se aprobaron estaban "perfectamente conforme a ley".

"Estoy muy tranquilo porque he hecho todo lo que he podido hacer para que las cosas no solo fueran conforme a derecho, sino con absoluta honradez y honestidad", ha sentenciado.

Asimismo ha asegurado que solo en el año 2012 se atendieron en Junta de Gobierno Local más de 1.800 expedientes de todas las áreas y que, dado que los concejales y los alcaldes no tienen siempre una formación académica específica, los mecanismos garantizan que solo se firmen aquellos que tienen un informe de técnicos cualificados.

El auto de la juez instructora dispone que las diligencias abiertas por el caso Serrallo, que ha investigado supuestas irregularidades urbanísticas en una parcela destinada a zona verde y donde se autorizó finalmente una discoteca en Granada, continúen por el trámite de procedimiento abreviado.

El mismo auto, paso previo a la celebración del juicio, explica que este procedimiento se desarrollará contra 17 personas, entre ellas el exalcalde José Torres Hurtado (PP), quien dimitió tras ser detenido en el marco de la conocida como "operación nazarí", la entonces edil de Urbanismo, Isabel Nieto, que también abandonó el cargo por el mismo caso, y otras seis personas, entre ellas un empresario y cinco funcionarios municipales.

La resolución judicial apunta para todos ellos la presunta comisión de siete delitos, entre ellos los de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El auto también establece seguir el mismo trámite por un posible delito de prevaricación urbanística contra el interventor municipal y los nueve concejales -incluida la de Urbanismo- que participaron en la Junta de Gobierno Local en la que se dio luz verde al proyecto urbanístico.

Entre los participantes en aquella Junta figuran seis ediles del PP que continúan en el grupo municipal de esta formación en el Ayuntamiento: Telesfora Ruiz, Juan García Montero, Fernando Egea, Francisco Ledesma, Juan Antonio Fuentes y María Francés.