El empresario, fundador de Unión Cordobesa (UCOR) y exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez, se sentará en el banquillo de los acusados desde el día 16 de enero en el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, en un juicio en el que se enfrenta a penas que suman 44 años de prisión, por la supuesta comisión de once delitos contra la Hacienda Pública, tras el presunto impago de unos 60 millones de euros en impuestos durante unos cuatro años, supuestamente por el empresario y sus cuatro hijos.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que han apuntado que se prevé que las sesiones se prolonguen durante unas dos semanas en distintas salas de la Audiencia, teniendo en cuenta las fechas de otros juicios en las secciones, todo ello tras más de siete años de instrucción en esta causa.
En concreto, en el auto de apertura de juicio se recogen los once delitos contra la Hacienda Pública que se atribuyen a Rafael Gómez por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, de tal forma que el fiscal solicita 44 años de prisión para el empresario por supuestamente defraudar 58,3 millones de euros con el supuesto impago de impuestos a través de cuatro empresas.
Igualmente, la Fiscalía acusa a sus cuatro hijos por ocho delitos fiscales, pidiendo para cada uno penas que suman 22 años de cárcel. Además, el Ministerio Público pide en su calificación una multa para Rafael Gómez que podría llegar a 350 millones de euros.
En este sentido, los delitos supuestamente se cometieron entre los años 2003 y 2006 a través de las cuatro empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). Las cantidades supuestamente defraudadas en cada uno de los once casos por los que se le acusa irían desde 690.000 euros a 25,5 millones, sumando en total 58.388.000 euros.
INICIO DE LAS ACTUACIONES
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 3 dictó un auto en julio de 2009 en el que se detallaba que las actuaciones se iniciaron por diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía Provincial de junio de 2009, por el supuesto impago de la citada cantidad.
En un principio figuraban como imputados por presunta defraudación a la Hacienda Pública el empresario, su esposa y los cuatro hijos del matrimonio, si bien el fiscal no ha imputado a la mujer en su calificación, al entender que su participación ha sido "lucrativa solo en algunos casos", según fuentes judiciales.
Como resultado de los impagos, el auto judicial ordenó el embargo preventivo de distintas propiedades de la familia, entre ellas cinco fincas rústicas en la barriada cordobesa de Santa María de Trassierra y otras cuatro en los municipios de Freila y Gorafe, en Granada, además de la sede de Arenal 2000, junto a las naves que construyó sin licencia en 2005 en la capital cordobesa y que le han supuesto a Rafael Gómez una multa de 20 millones de euros.
Además, dentro de esta causa el citado juzgado acordó retirar el pasaporte al empresario, quien fue condenado en el caso 'Malaya' por un delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión, sustituida por multa de 12 meses con cuota diaria de diez euros, en total 3.600 euros, y una multa de 150.000 euros, en este caso con la fijación de un calendario de pago.
Según la lista de deudores con Hacienda hecha pública por la Agencia Tributaria a finales de diciembre de 2015, el conjunto de empresas propiedad o vinculadas a Rafael Gómez son algunas de las entidades que más dinero adeudaban al fisco en dicha fecha, como Arenal 2000 (58 millones), Arenal 2001 (67 millones), Arenal 2000 Inversiones (12,5 millones) o Grupo Empresarial Arenal 2000 (48,6 millones).
