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Chiclana

Admitida a trámite la demanda del PP por los vales de comida

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Cádiz actúa ante la reclamación popular para que se protejan los derechos fundamentales de los concejales, ante la negativa del Gobierno del PSOE a facilitar la información oportuna

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  • Denunciando uso de los vales -

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Cádiz ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el Partido Popular en la que reclama la protección de los derechos fundamentales de sus concejales ante la negativa del Gobierno municipal del PSOE “a facilitar datos relativos a los vales de comida entregados, supuestamente de manera arbitraria y sin respetar los cauces legales, por el delegado municipal de Servicios Sociales”.

Una vez admitida a trámite la demanda, el juzgado ha requerido al Ayuntamiento para que remita el expediente administrativo en el plazo máximo de cinco días.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento y presidente de los populares chiclaneros, Andrés Núñez, afirma que “es una vergüenza que hayamos tenido que acudir a esta vía y que el Ayuntamiento de Chiclana, la institución que representa a todos los chiclaneros, se vea manchada por la falta de honradez política del gobierno del PSOE, que no duda en ocultar información a la que tenemos acceso los concejales”.


Cabe recordar que “dicha petición de información se produjo como consecuencia de que el PP tuvo conocimiento de la entrega masiva de vales de alimentos por parte de Servicios Sociales, un total de 140 en los primeros 10 días hábiles del PSOE en la Alcaldía”, por lo que el PP solicitó la justificación de los mismos sin que llegara a facilitarse. Los populares denuncian que el PSOE “llegó incluso a entregar documentación de 2014 y perteneciente a la etapa de gobierno del PP, en algo que entendemos es una falta total de respeto a este partido y a los ciudadanos de Chiclana, a los que representamos y por quienes llevamos a cabo un trabajo fiscalizador de la gestión del PSOE, con el propósito de que los fondos públicos tengan un uso correcto y se tramiten y gestionen de acuerdo a la legalidad”.

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