Los derechos de los españoles residentes en el Reino Unido, así como los de los británicos residentes en España, están "plenamente garantizados" pase lo que pase en las negociaciones del brexit, según el embajador británico en Madrid, Hugh Elliot.

En una rueda de prensa, el diplomático ha asegurado que "tanto el esquema de asentamiento establecido por el gobierno británico para los ciudadanos europeos como las medidas adoptadas en abril por el ejecutivo español protegen los derechos de los ciudadanos respectivos" en caso de que finalmente el Reino Unido abandone la Unión Europea el 31 de octubre sin un acuerdo con los Veintisiete.

"Nosotros consideramos que son programas equivalentes y recíprocos y, por lo que yo sé, el gobierno español comparte esa opinión", ha indicado el embajador británico, quien ha enfatizado repetidas veces que lo que Londres quiere, y en ello trabaja actualmente en Bruselas, es "una salida consensuada de la Unión".

"Desde el principio, tanto el gobierno británico como los gobiernos europeos hemos dejado muy claro que los ciudadanos son la prioridad número uno, que hay que proteger sus derechos y minimizar el impacto del brexit sobre ellos", ha recordado Elliot.

Más de 300.000 ciudadanos británicos residen en España y en torno a 180.000 españoles viven en el Reino Unido, según sus datos.

Además, ha insistido en que "los derechos de los ciudadanos españoles y europeos en el Reino Unido están plenamente garantizados a través de ese programa de asentamiento que ha canalizado ya más de dos millones de solicitudes, de las cuales millón y medio han sido aprobadas y solamente dos denegadas".

De igual forma, ha añadido el embajador británico, "el gobierno español ha establecido un esquema, a través del real decreto de 3 de abril de este año, que protege los derechos de los ciudadanos británicos en el caso de una salida sin acuerdo".

"Ese real decreto es muy completo y agradezco al gobierno español por ese enfoque". "Consideramos que son programas equivalentes y recíprocos y, por lo que yo sé, el gobierno español comparte esa opinión", ha manifestado Elliot.

El representante británico ha asegurado también que los acuerdos bilaterales suscritos por el Reino Unido con España a propósito de Gibraltar "siguen vigentes" en el caso de que no se llegue a un brexit consensuado.

"Tenemos un interés compartido, tanto con el gobierno de Gibraltar como con las autoridades españolas en asegurar un movimiento fluido a través de la frontera", ha dejado claro el embajador. "Es un interés compartido: son muchos los trabajadores que dependen de esa fluidez en la frontera para llegar a su trabajo y ganar su pan de todos los días, igual que es de mucho interés para los gibraltareños poder salir y entrar también".

Aparte del protocolo sobre Gibraltar incluido en el tratado de salida del Reino Unido de la Unión, España concluyó un paquete de acuerdos bilaterales con Londres sobre la colonia, formado por cuatro memorandos de entendimiento relativos a los derechos de los ciudadanos, el tabaco, el medio ambiente y la cooperación policial y aduanera.

Además, ambas partes se han comprometido a establecer un acuerdo internacional sobre fiscalidad.

"Los memorandos se establecieron en el marco del acuerdo para la salida y en caso de una salida sin acuerdo esos memorandos siguen vigentes", ha manifestado el diplomático británico.

Elliot ha insistido en que "lo que quiere el Reino Unido es una salida acordada y que la última propuesta presentada por el primer ministro, el conservador Boris Johnson, la hace posible".

"Sí es posible salir de la unión aduanera y no tener una frontera física en la isla de Irlanda, sí es posible y nuestras propuestas han sugerido una solución", ha señalado.

Dicha solución, ha explicado, "implica una serie de controles tanto electrónicos como físicos; estos últimos podrían tener lugar en las cadenas de suministros de las empresas, no en la frontera".

"Entendemos que es un tema sensible para la UE, entendemos que tienen preocupaciones sobre el mercado único, por eso nuestra propuesta de crear una única área regulatoria en la isla de Irlanda para bienes con una armonización dinámica de las leyes sobre los productos tanto agrícolas como industriales", ha dicho.

Según Elliott, eso reduciría "a un mínimo el riesgo (de fraude, contrabando o divergencia normativa) para el mercado único". "Nosotros pensamos que es un avance muy importante en la posición británica", ha apuntado.

"Es una gran flexibilidad la que hemos demostrado, porque supone unos controles entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte que no existen hoy en día y eso no es fácil para nosotros", ha añadido.