El secretario general de UGT en el Campo de Gibraltar, Ángel Serrano, y la parlamentaria andaluza del PSOE Rocío Arrabal han reclamado el segundo Juzgado de lo Social en Algeciras, así como un juzgado especializado en cláusulas suelo, que no está previsto para la comarca.
La parlamentaria ha criticado el encuentro del alcalde, José Ignacio Landaluce, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y ha puesto en duda la predisposición del Gobierno para crear dicho juzgado.
Ha recordado que al titular actual de lo Social se le ha concedido el traslado, con el “colapso” que eso va a generar. Insiste en que la Junta no tiene constancia de que haya consignado presupuesto por parte del Ejecutivo para dicho juzgado. “Todos sabemos cómo son las prioridades del PP, como la Algeciras-Bobadilla”.
Además, en una iniciativa parlamentaria, Arrabal ha anunciado que va a solicitar un juzgado especializado en cláusulas suelo en el Campo de Gibraltar, tras el anuncio del Gobierno de crear ocho en Andalucía, uno por provincia.
Trabajadores municipales
“CCOO y UGT enviamos ayer el documento para la estabilidad laboral de los trabajadores que dependen del Ayuntamiento. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hay cuestiones que van a traer muchos problemas a las administraciones locales”, explicó Serrano.
Por su parte, Arrabal añade que “el Gobierno invierte un 36,6% menos en Andalucía este año. Las infraestructuras son fundamentales, sobre todo el ferrocarril. Pero también hay otras cosas importantes, como el artículo 19.2, que dice que los trabajadores laborales interinos no pueden estar más de tres años. No lo entendemos, porque hay plazas que no se cubren con ofertas de empleo público”.
La parlamentaria considera que “es un despropósito más de las políticas laborales del PP. Un 20% de los trabajadores del Ayuntamiento son interinos o laborales. E igual en Salud, Justicia y otras áreas. Voy a presentar una iniciativa parlamentaria para que la tasa de reposición cubra el 100% de esas plazas y no se queden colgados estos trabajadores después de tres años. Si no, conllevaría una modificación de la RPT cada tres años”.
