Ya hay una familia preparada para entrar en la vivienda que fue desalojada, por orden judicial, el pasado miércoles en Puente Mayorga.
Toda noticia de desahucio sorprende, pero aún más si el propietario del inmueble es de titularidad municipal. Y así es en este caso concreto. La empresa municipal de la vivienda, Emroque, es la propietaria inmueble que fue desalojado.
Fuentes municipales consultadas por VIVA CAMPO DE GIBRALTAR así lo han confirmado, pero han apuntado que el expediente de desahucio llevaba varios años en marcha. El motivo, que la familia que la habitaba, en régimen de alquiler, “llevaba siete años sin hacer frente al pago de la cuota mensual, que rondaba los 200 euros”.
Las mismas fuentes han precisado que la propia delegación municipal de Servicios Sociales ha podido constatar, a lo largo de todo este tiempo, que “la familia tenía ingresos regulares superiores a los mil euros mensuales, en concreto 1.090 euros”.
Además, han indicado que “había algo raro en ese núcleo familiar”, sin que hayan dado más detalles al respecto, pero que fue determinante para “justificar el amplio dispositivo de la Guardia Civil en la zona”, que sirvió de apoyo a los agentes de la Policía Local.
Para favorecer que la familia tuviera aún más ingresos a los reseñados con anterioridad, desde el Ayuntamiento de San Roque apuntan que se le ofreció a uno de sus miembros un puesto de trabajo enmarcado en el Plan de Empleo, “pero no lo quiso, lo rechazó”.
La falta de agilidad de la Justicia ha provocado que no haya sido hasta ahora cuando se ha ejecutado el desahucio. “El Ayuntamiento no puede dilapidar lo público” y por eso se acudió a la vía judicial, defienden.
La vivienda en cuestión ya ha sido adjudicada a una familia, con un bebé, y sin recursos económicos.
