El actual equipo de Gobierno ha mostrado su preocupación por el alto número de construcciones que se han ejecutado en los últimos años en la ciudad de manera irregular. En este sentido, con el objetivo de luchar contra esta actividad ilícita, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha incrementado el personal en materia de disciplina urbanística. 

De esta forma, de los siete técnicos que en la actualidad están trabajando en este área de la Gerencia, se pasará a un total de 16. En concreto, según aclaró ayer la delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, se pasará de contar con un técnico jurídico a tres; se dispondrá de seis auxiliares en vez de los tres actuales. Además, la GMU contará con cinco inspectores, dos más de los que en estos momentos trabajan en disciplina urbanística. Finalmente, habrá dos técnicos medios que realizarán tareas de apoyo. 

Hay que recordar que en el término municipal se calcula que puedan haber construidas entre 15.000 y 20.000 viviendas ilegales, puesto que su construcción se ha llevado a cabo sin la correspondiente licencia de obra, lo que ha provocado cuantiosas pérdidas en las arcas municipales. Además, buena parte de estas edificaciones se han llevado a cabo en terrenos no urbanos, que no cuentan con los servicios básicos necesarios, como alumbrado público, agua corriente o alcantarillado; al margen de acerado. Sobre todo, las zonas en las que se concentra mayor número de viviendas ilegales son El Marquesado, Pago del Humo, El Sotillo, Melilla y Campano. 


Presupuestos 

Curiosamente, la incorporación de estos trabajadores al área de disciplina urbanística y el incremento de los sueldos han provocado que la partida presupuestaria para 2009 haya aumentado un 5,65 por ciento para personal de la Gerencia de Urbanismo. De esta forma, el presupuesto para personal ha alcanzado la cantidad de 3.103.970,33 euros. 

A pesar de ello, el presupuesto general de la GMU ha pasado de los 17.689.799,48 euros del 2008 a sólo 7.886.587,14 euros para el presente año, lo que supone una bajada de 55 por ciento. Esta cifra puede verse incrementada en 3,6 millones más que tendrían una finalidad directa, la compra de terrenos para construcción de viviendas de protección oficial. 

El presupuesto de este año presenta dos grandes reducciones económicas, una en el apartado de gastos corrientes, un 24 por ciento, y otra en los gastos financieros, esto es, el dinero que hay que devolver a las entidades bancarias, un 30 por ciento. Para la responsable del área, “hay que tener muy claro que la situación económica que vivimos es bastante mala, y que hemos de reducir los gastos en aquellas partidas que no son de máxima trascendencia”. 

En cuanto a ingresos, Cándida Verdier ha comentado que se espera recaudar 7,5 millones gracias a tasas y otros ingresos y otros 300.000 euros en el apartado de ingresos patrimoniales.