La asociación Tarifa contra el radar reclama desde hace años el desmantelamiento y/o alejamiento del núcleo urbano del radar del Camorro, unas instalaciones pertenecientes al Ministerio de Defensa bajo la Estación de Vigilancia del Estrecho (Eviest) que emite ondas electromagnéticas, cuyas emisiones, según diferentes mediciones encargadas por el grupo de trabajo de la asociación, sobrepasan y en mucho los valores de los parámetros recomendados.
La asociación insiste, después de que el Tribunal Supremo acaba de reconocer que las radiaciones electromagnéticas pueden afectar de forma negativa a la salud, en la necesidad de establecer mecanismos que garanticen el “principio de precaución” dictado por varias resoluciones del Parlamento Europeo -septiembre de 2008 y abril de 2009- en las que se insta a los estados miembros a garantizar, sobre la necesidad de instalar antenas o radares, la salud pública de los ciudadanos.
En un reciente encuentro entre miembros del colectivo y responsables municipales, los primeros pidieron al alcalde, Juan Andrés Gil, que proponga al Pleno solicitar a Presidencia del Gobierno “certificado médico oficial emitido por el Ministerio de Salud que garantice la inocuidad de los campos electromagnéticos emitidos por el radar militar”, así como “suscribir una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra el riesgo de daños a la salud de terceros”.
Desde el grupo de trabajo se advirtió a las administraciones que “no dudará en acudir a la Fiscalía, ya que si en un plazo de tres meses no obtenemos por parte de las autoridades la documentación solicitada o, en su defecto, un compromiso formal de traslado del citado radar a una zona más alejada de la población que garantice su inocuidad para los ciudadanos, entenderemos que se estaría atentando contra la salud pública de manera consciente y premeditada”.
El ministerio de Defensa contestó negativamente a los deseos del colectivo argumentándolo en “operatividad y estrategia militar, además de su poca incidencia”. Pero los resultaros muestran que las emisiones superan en más de 800 veces los límites de seguridad recomendados.
Los padres de los alumnos del CEIP Virgen de la Luz ya protagonizaron movilizaciones solicitando la “inmediata retirada de la estructura metálica perteneciente a una compañía de telefonía móvil de su actual emplazamiento a menos de 500 metros del colegio que vulnera los principios de precaución”. La antena sigue operativa y en el mismo lugar.
