Los parlamentarios andaluces Ángela Aguilera y José Ignacio García han asegurado hoy que Adelante Andalucía pedirá una comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para que dé explicaciones sobre lo que está ocurriendo en las cárceles gaditanas y andaluzas. En concreto, Aguilera ha explicado que elevarán el caso a la senadora de Adelante Andalucía, Pilar González, para que “se nos dé una información exhaustiva de las medidas y protocolos que desde Instituciones Penitenciarias están llevando a cabo para el control del COVID en las cárceles”. “Cuando la Junta de Andalucía no interviene, cuando no lo hace la Administración central, la sociedad civil se tiene que organizar”.
De igual manera, García ha explicado que el pasado viernes se reunieron telemáticamente con las familias de los presos para conocer previamente la situación en la que se encuentran. “Creemos que hay que visibilizar una situación a la que nadie le está poniendo luz y es cómo se está viviendo la pandemia en las prisiones. Los presos y las presas son los olvidados de los olvidados y aunque estén privados de libertad, no se nos puede olvidar que no están privados de derechos”. En esta línea, apeló a la responsabilidad de la Junta de Andalucía en la salvaguarda del derecho a la salud de estas personas. “Vamos a llevar este caso al Parlamento de Andalucía porque entendemos que el Servicio Andaluz de Salud tiene que intervenir en esta situación y velar por la salud de los presos y de las presas”.
Los parlamentarios andaluces, junto con los ediles de Adelante El Puerto y Adelante Jerez, Alejandro Gutiérrez y Ángel Cardiel, respectivamente, han acompañado a las familias que hoy se han concentrado en las inmediaciones de Puerto III para reclamar un cribado masivo para internos y funcionarios. Al respecto, una de las portavoces del colectivo ha denunciado que “sólo hacen PCR a los internos que se encuentran muy graves” y que, efectivamente, “están privados de libertad pero no de sanidad”. Desde las familias de los presos, denuncian que “hemos contactado con Instituciones Penitenciarias, con el Defensor del Pueblo, con la Subdelegación del Gobierno pero nadie nos quiere escuchar, son la parte vulnerable de la sociedad”. Así, “nos han cortado las visitas, los ‘vis a vis’ por lo que el virus entra con los funcionarios, por eso, pedimos un cribado masivo tanto para funcionarios como para internos”. Según la información que manejan, “en el módulo 11 –con 150 presos- hay contagios, pero no sabemos exactamente cuántos. Sólo conocemos que hay once internos en aislamiento pero las PCR sólo se hacen a los que tienen síntomas muy graves. Esto es insostenible”.
