Izquierda Unida exigirá a la Consejería de Salud que revise el actual concierto en vigor del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con Clínicas Pascual una vez que se ha conocido la sanción de 5,3 millones de euros impuesta por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía a la empresa José Manuel Pascual Pascual, SA por aplicar “precios abusivos” en la prestación de servicios médicos en Cádiz, principalmente, y en la provincia de Huelva, así como por llevar a cabo conductas “anticompetitivas”. La parlamentaria andaluza de IU por  Cádiz y portavoz de IU en la Comisión de Salud del Parlamento, Inmaculada Nieto, ha calificado de “leoninas” las condiciones que lleva imponiendo Pascual en la provincia desde hace al menos 25 años, “un tiempo más que suficiente para que la Junta hubiera equilibrado la posición de la sanidad pública en la provincia respecto al papel de predominio que mantiene Pascual”.

Según detalló la diputada autonómica, “una de las cuestiones que pone en evidencia la resolución de Competencia es que desde el 1 de febrero de 2014 hasta el 8 de junio de 2017, Pascual obtuvo un beneficio ilícito de 164 millones de euros, en concepto de precios abusivos y de condiciones leoninas impuestas al SAS”, principalmente en la provincia de Cádiz. “164 millones de euros en apenas tres años”, recalcó Nieto, para señalar a continuación que “ahí está el dinero que la Junta no encuentra para garantizar una cobertura sanitaria pública en la provincia” y “ese es el dinero que falta para reforzar la red pública y poder abrir las puertas del Chare de Vejer, para poner a pleno rendimiento el Hospital de San Carlos, para dotar adecuadamente de especialistas el Hospital de Puerta del Mar, para mejorar las dotaciones del Hospital de Puerto Real, etcétera, etcétera”.

La parlamentaria anunció que IU ha solicitado ya la comparecencia de la consejera de Salud, Marina Álvarez, en el Pleno del Parlamento para que “ofrezca explicaciones puntuales” sobre toda esta situación, y sobre “cómo va a ser la planificación del refuerzo de la cobertura sanitaria pública en la provincia de Cádiz, a la luz de que no querrá mantener por más tiempo esta posición de dominio y de chantaje de Pascual al SAS” y por último, IU exigirá que la Junta revise el actual concierto –firmado hace un año- y “se despeje cualquier duda sobre si sigue ocultando o conteniendo alguna cláusula que dentro de cuatro años nos lleve a valorar otra vez una cifra millonaria de beneficio ilícito de Pascual, sustrayendo una cantidad al SAS imprescindible para que la red pública esté en perfectas condiciones de atender a la población y no siga dependiendo en exclusiva de Pascual en determinadas zonas como la Sierra o El Puerto de Santa María y Sanlúcar”.

IU pretende que se revise el concierto y que “en caso de confirmarse que está por encima, ese dinero se retrotraiga a las arcas públicas”. Apuntó además, la diputada que la sanción impuesta por la agencia de la Competencia “podría haber sido mayor” y no lo ha sido, por el “atenuante” de que en medio del periodo objeto de análisis, el propio SAS renovó el concierto con Pascual, “con lo cual, se habrá deducido que la Junta no debía estar muy descontenta con esta situación”. Nieto recordó asimismo, que esta renovación del concierto también tuvo sus peculiaridades, puesto que a la primera oferta pública sacada por el SAS por 62,5 millones de euros al año y por cuatro años “no se presentó Pascual; en cambio, en la segunda oferta, cuando se subió a 95 millones al año y la posibilidad de incremento en un 20%, lo que situó la oferta en 380,4 millones de euros, ahí es cuando Pascual firmó”.

Según Nieto, tras la resolución de Competencia “es un hecho cierto que Pascual está ganando mucho dinero con la salud de los gaditanos” y añadió que “ahora queremos saber qué va a hacer la Consejería, ahora que tiene confirmación que avala que ha sido chantajeada por Pascual”. Y todo esto, según la parlamentaria, sin que a Pascual le haya costa “ni un euro” las campañas de publicidad llevadas a cabo por cuenta propia ofertando el servicio de sus clínicas a pacientes que estuvieran en espera de una prueba médica en el SAS. Según relató la diputada, por esta campaña se le hicieron dos requerimientos por parte de la Junta, “con aviso de una posible sanción que podría haber rondado los 600.000 euros, pero como retiró la campaña tras el segundo requerimiento, no hubo sanción”.

La portavoz de Salud insiste en la necesidad de que la Junta ponga encima de la mesa “un plan de viabilidad” para ir reforzando la red pública en la provincia en detrimento del “chantaje” al que somete Pascual al SAS prestando sus servicios en situación de “predominancia y dominio absoluto” en zonas como la Sierra, Costa Noroeste o El Puerto.