El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha presentado un escrito al alcalde de Cádiz, José María González, planteando una serie de “dudas, lagunas, incógnitas e incongruencias” sobre la transmisión de la concesión administrativa a los titulares de los chiringuitos. A su juicio, tras revisar el expediente que existe en la Casa Consistorial, e incluso haber mantenido reuniones con los titulares de los chiringuitos, habría que ver si se está creando “fraude de ley”.

 Ciudadanos presentó una serie de escritos en relación con este asunto en abril, noviembre y diciembre, que han recibido respuesta esta semana. Para Pérez Dorao “alguien debe poner orden en este galimatías”.

Recordó cómo en 2013, el Ayuntamiento obtiene la concesión administrativa de los chiringuitos. Posteriormente, tuvo lugar un cambio en el reglamento de la Ley de Costas por el que se dotaba de mayor espacio a las instalaciones, podían abrir todo el año, y las concesiones administrativas podrían pasar de 15 a 30 años. Eso propició que el Ayuntamiento intentara adaptarse al nuevo reglamento. Desde la comisión consultiva de la Junta se le dijo que “iba en contra del derecho de libre competencia y que tendría que convocar nuevo concurso de adjudicación”.

El Ayuntamiento, según el relato ofrecido por Pérez Dorao, optó por desistir de modificar sustancialmente la concesión administrativa. Y “optó por la transmisión de concesiones a los adjudicatarios a través de un decreto de Alcaldía”. El expediente se tramita y la Junta autoriza la transmisión. “A partir de ahí, la Junta ya considera que los titulares de la concesión son los adjudicatarios de los chiringuitos”.

Entre las dudas que plantea el portavoz de Ciudadanos se encuentra que con la acción llevada a cabo por el Ayuntamiento “se elude la libre concurrencia y se sortea ese requerimiento legal del nuevo concurso”. Asimismo, se cuestiona si el Consistorio puede libremente hacer la transmisión  o si “estaría sometida a una licitación en régimen de libre concurrencia con publicidad”. Continúa manifestando que la Junta de Andalucía considera que la transmisión se ha operado, y ahora serán los titulares los que inicien el procedimiento de modificación sustancial de la concesión pero “no hay un solo documento de contrato; no hay ningún acuerdo de Junta de Gobierno, no se sabe ni el tiempo, ni el coste, ni la fórmula de pago”. A su juicio, “hasta que no haya un documento de transmisión no se habrá producido la transmisión” y teme que se "regalen" los chiringuitos

Según Pérez Dorao, lo que existe es una autorización provisional de la Junta. Por eso, para velar por la ciudad, “el Ayuntamiento se debe personar y dar a valer su derecho como concesionario y acelerar los contratos”. Se desconoce también si la modificación de las condiciones sustanciales es “más ventajosa y si supondrá un incremento del canon”.

Con la transmisión de las concesión, el Ayuntamiento ya no podrá “controlar el modelo de chiringuito para la ciudad y perderá el control al ser transmitidos durante 30 años”.  A nivel urbanístico, se plantea la necesidad de modificar de manera puntual el Plan General de la ciudad. 

Para concluir declaró que “existe una inseguridad jurídica entre el Ayuntamiento y los titulares de la explotación que puede convertirse en un fraude de ley”. La ciudad sufrirá un “perjuicio económico, puesto que ni tan siquiera existe un expediente de valoración, y en el momento en el que se materialice el documento, ya no habrá vuelta atrás”. 

Según Juan Manuel Pérez Dorao resulta "incongruente" que desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento se abogue por externalizar los servicios de limpieza de los módulos, de la arena de la playa y del socorrismo y, sin embargo, se privatice la concesión de los chirinquitos de la playa.