Durante las últimas décadas, el debate sobre la existencia de la economía sumergida ha resurgido con fuerza. Las causas, el tamaño y el impacto que tiene la economía sumergida en España, y en concreto en una provincia como Cádiz, con más de un 40% de tasa de paro, han sido, y son, una de las mayores preocupaciones desde los puntos de vista económico y político. Este debate recobra un mayor ímpetu en situaciones como la presente, donde la economía entró hace varios años en una profunda fase de recesión.
La economía sumergida produce competencia desleal entre empresarios; evasión de impuestos (afecta a los ingresos del Estado y, por lo tanto, le debilita); inexistencia de regulaciones; malas condiciones laborales; escasas o nulas medidas de seguridad en el trabajo; no hay pagos a la Seguridad Social e importantes consecuencias a largo plazo sobre las pensiones, derecho a prestaciones, etc.
La cuantificación de la economía sumergida se antoja difícil dado que, por razones obvias, nadie está dispuesto a declararla y, por lo tanto, se trata de medir algo que no es observable directamente, en la mayoría de las ocasiones. Para realizar una estimación, se utilizan tres tipos de métodos; los directos, basados en entrevistas y auditorías; los indirectos, como el volumen de transacciones monetarias, la relación efectivo-depósitos, y la demanda de efectivo sobre el Producto Interior Bruto (PIB); y los Mimic (múltiples indicadores, múltiples causas), según los cuales, en la provincia de Cádiz la economía sumergida movería cerca de 6.000 millones de euros al año, es decir el 29,3% de su Producto Interior Bruto.
Ligado al desempleo
Lo que sí está claro es que a mayor tasa de paro, más economía sumergida. En el caso de la provincia de Cádiz, en el año 2000 la economía no regulada ascendía al 18,8%, una cifra que en 2009 se elevó hasta el 24,3% y en 2012 hasta el 29,3% de su PIB. Es decir, en estos momentos, la situación de la provincia en este aspecto económico es superada por otras doce: Albacete, Almería, Ávila, Badajoz, Cáceres, Granada, Cuenca, Jaén, León, Lugo, Ourense y Zamora.
Para la realización de este estudio, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han utilizado varias variables, como son el número de autónomos sobre el total de afiliados, la tasa de paro tomando como referencia la Encuesta de Población Activa, el valor añadido bruto del sector de la construcción sobre el VAB total, la renta per cápita, las cotizaciones a la Seguridad Social sobre el total del PIB, los costes laborales unitarios (euros po trabajador), variación del PIB, consumo de electricidad, y la tasa de actividad según las cifras de la Encuesta de Población Activa.
En los gráficos de este informe se aprecia que en la provincia la economía sumergida no se da entre las personas mayores de 50 años. De hecho, Cádiz se sitúa entre las provincias menos destacadas en la relación entre este tipo de economía no reglada y los parados de más de 50 años. En cambio, Cádiz si ocupa los primeros puestos en el gráfico que representa la relación entre la economía sumergida y los parados de larga duración, lo que demuestra que los jóvenes también se están viendo abocados al trabajar fuera de los mercados considerados como legales.
Por lo que se refiere al tamaño de las empresas, se comprueba que esta relación es muy evidente cuando se considera a todas aquellas empresas que tienen menos de diez trabajadores. A mayor proporción de pequeñas empresas, mayor volumen de economía sumergida. También se trata de un resultado esperado ya que son las empresas pequeñas, normalmente, las más incentivadas al fraude, especialmente a eludir el IVA. En cambio, esta relación no es tan evidente cuando del número de empresas con menos de diez trabajadores se excluye a los autónomos. La relación se mantiene pero no de una forma tan clara como en el caso anterior.
El informe de Gestha, que consideraría como un nivel "aceptable" de economía sumergida entre el 6% y el 8% del PIB, destaca que el mayor aumento del fraude durante estos años se ha registrado en aquellas comunidades más castigadas por el colapso del ladrillo y el paro, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, con tasas de economía sumergida superiores al 26% del PIB.
Inspección de Trabajo
Una de cada cuatro visitas que realiza la Inspección de Trabajo a las empresas de la provincia detecta un problema de economía sumergida. Una lacra que viene de décadas atrás, es difícil de vencer y que encima la crisis ha agudizado todavía más. De hecho, aunque esta realidad resulta compleja de medir, el incremento durante estos últimos años ha sido notable y las estimaciones que baraja Trabajo hablan de un aumento de un 25% en la zona de la provincia. Así, al año afloran unos 2.500 casos de economía sumergida y fraude a la Seguridad Social. Unas cifras que vienen siendo “una constante” en los últimos años y que incluso han ido a más en la anualidad de 2014, habiéndose cerrado este ejercicio superando incluso los 2.700 casos, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Lo más grave es que estas cifras oficiales son todavía más elevadas en la realidad. “Hay muchos más, estamos acostumbrados a vivir con esto. La realidad no es igual en todas las provincias españolas, donde la falta de altas puede ser excepcional mientras aquí en esta provincia es muy cotidiana”. Son valoraciones del jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cádiz, Eugenio Fausto Santa-Bárbara.
El empleo no declarado y la economía sumergida representan en España el 18,6% del Producto Interior Bruto, lo que supone más de 190.000 millones de euros, según un informe sobre Flexibilidad en el Trabajo 2014 elaborado por la agencia de colocación Randstad.
El estudio detecta que los países con niveles elevados de corrupción en el sector público tienen una mayor presencia de trabajo no declarado en el mercado laboral.
