El Pleno de la Diputación de Cádiz ha acordado interponer un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley 5/2012 de Medidas Urgentes en Materia Urbanística y Protección Litoral de Andalucía. La institución provincial se suma a una demanda, que también promoverán otras diputaciones andaluzas, al entender que los artículos 2 y 3 del citado decreto invaden la autonomía local de los Ayuntamientos. En la propuesta presentada al Pleno por el presidente de Diputación, José Loaiza, y defendida por el diputado de Vivienda y Suelo, Antonio Saldaña, se contempla la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía.
El decreto ley que ahora se recurre, en vigor desde el 29 de noviembre de 2012, suspende la capacidad municipal para aprobar planes parciales y planes de sectorización en suelo urbanizable en una franja de 500 metros desde el límite interior de la ribera del mar. Antonio Saldaña ha explicado que esta “abusiva intervención de la Junta”, “ataca” competencias de los ayuntamientos y crea una inseguridad jurídica muy perjudicial en el actual contexto económico.
El conflicto de competencia también reprocha la “arbitraria e injustificada” urgencia adoptada por la Junta, que "no concuerda con los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad establecidos en el artículo 110 del Estatuto de Andalucía".
La interposición de la demanda ha sido aprobada con los votos del Grupo Popular, el rechazo del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, y la abstención del Foro.
Asesores de empleo, talleres y escuelas
El órgano plenario también aprobó solicitar a la Junta de Andalucía “mantener los asesores de empleo” que prestan sus servicios de orientación laboral en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo localizadas en la provincia de Cádiz. En la propuesta del Grupo Popular, defendida por el diputado Ignacio Romaní, se expone que entre el 19 de noviembre y el 31 de diciembre de 2012 la Junta despidió a promotores y asesores de empleo, dejando las oficinas “reducidas al mínimo”.
En la misma moción se reclama que, en el primer trimestre de 2013, la Junta abone en su totalidad la subvención que financia el funcionamiento de talleres de empleo y las escuelas taller que la administración autonómica aprobó en su convocatoria de 2011. El IEDT de Diputación promueve cuatro de las iniciativas admitidas en la convocatoria de 2011: los talleres de empleo Nuevo Madrugador, Turisanlúcar y La Línea Continúa más la escuela taller Viñas de Sanlúcar. Estos proyectos recibieron la mitad de la subvención aprobada a finales de noviembre de 2012.
La propuesta fue aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, el rechazo del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, más la abstención del Foro.
Aprobadas por unanimidad
Tres iniciativas fueron respaldadas por unanimidad: una presentada por el Grupo Popular referida a la dotación de medidas de seguridad –por parte de la Junta de Andalucía- que propicien el acceso al Tajo de las Figuras; y otras dos propuestas planteadas por el grupo socialista: la solicitud al Ministerio de Defensa para que se alcance un acuerdo que propicie la instalación de una piscifactoría en Barbate (en terrenos de El Retín), así como instar al Gobierno de España a que incremente la inversión en el tramo ferroviario Algeciras-Almoraima y que acelere la licitación de las obras para dicho enlace.
Riacheros, dependencia y Plan Prepara
El Pleno ha aprobado una propuesta del Grupo Popular concebida para reactivar la actividad que ejercían los riacheros en el río Guadalquivir. En la iniciativa, defendida por el diputado Juan José Marmolejo, se insta a la Junta de Andalucía para que concrete un Plan de Gestión que determine “las especies que pueden capturar, las épocas del año en las que pueden ejercer la actividad” los topes y artes de pesca. La propuesta también demanda un censo de la flota de riacheros, su legalización e integración en los Grupos de Desarrollo Pesquero. La moción prosperó con los votos a favor del Grupo Popular, Izquierda Unida y Foro, y la abstención del Grupo Socialista.
También salió adelante la iniciativa planteada por el Grupo Popular instando a la Junta a que amplíe los créditos con los que se financia la contratación del personal que hace efectiva la Ley de la Dependencia. En estos momentos, con los recursos aprobados por la Junta (263.354 euros, frente a los 510.431 del ejercicio anterior), peligra el empleo de 9 personas que prestan servicios administrativos según ha explicado el diputado de Bienestar Social, Antonio García. La moción fue aprobada con los votos favorables del Grupo Popular y el rechazo del Grupo Socialista e Izquierda Unida.
En la sesión plenaria se respaldó la petición de prórroga del programa de Recualificación Profesional (Plan Prepara), que se elevará al gobierno estatal, con las directrices establecidas en el Real Decreto Ley 23/2012, según proposición del Grupo Popular. La iniciativa se validó con los votos a favor de PP y Foro y los votos en contra de PSOE e Izquierda Unida.
Por otra parte, al comienzo de la sesión se formalizó la toma de posesión de José López Benítez como nuevo diputado provincial en representación de Foro. López Benítez releva en este cargo a Pedro Pacheco.
