La campaña del Parlamento Europeo para fomentar la participación en las urnas en los comicios que se desarrollan entre los días 6 y 9 de junio (en España se vota el domingo) remarca que “hoy en día, todos los temas nacionales importantes tienen también una dimensión” comunitaria y, admite que “es fácil olvidarse de cuántas personas se ven afectadas por el resultado” de estas elecciones, pero también subraya que las leyes aprobadas en Bruselas “afectan a todos: a los grandes países y a las pequeñas comunidades, a las empresas poderosas y a las jóvenes empresas emergentes, a escala mundial y a escala local”. Y tanto.
Miguel Pérez, secretario general de COAG Cádiz, recuerda que la práctica totalidad de las competencias del Estado en política agraria están cedidas a la Unión Europea (UE), que destina un volumen muy importante de sus presupuestos a la misma. El Gobierno de España y la Junta de Andalucía son “meros gestores” de los recursos, insiste, de manera que reclama mayor protagonismo en el debate electoral de todo lo relacionado con el sector primario.
Cuestionado sobre el discurso de los partidos tradicionales, Pérez lamenta que sean “torpes”. “El crédito de la alianza clásica entre azules y rojos en Europa que servido de cortafuegos contra los radicales se agota, que luego no lamenten que haya sorpresas”, advierte, porque, para empezar, “la PAC es un desastre”. “Se ha convertido en una maraña burocrática y, cada vez que se reforma, se rebajan los fondos y se reorientan los objetivos” perjudicando a los productores. El Pacto Verde, por su parte, llevó a la movilización a los agricultores este invierno dadas las exigencias de Bruselas en cuanto a digitalización de la actividad a las condiciones en desventajas con la que compiten con respecto a terceros países, que compiten de forma desleal al no tener que cumplir la misma normativa en cuanto a condiciones laborales o tratamientos fitosanitarios de frutas y hortalizas.
“Se exige agricultura de cercanía y calidad aquí”, pero “nadie ajusta las cuentas, mientras llegan productos” de fuera de las fronteras comunitarias sin trabas, agrega, y lamenta “el medioambientalismo de salón” de la UE.
Daniel López Marijuán, portavoz de Ecologistas en Acción, Bruselas acierta, al menos, en los planteamientos, celebrando, en este sentido, un mayor aumento en el control del uso de fertilizantes y purines para mejorar la calidad de las aguas en la directiva que la UE tiene ya en borrador, y que reduce la contaminación por nitratos de 50 a 25 miligramos por litro. La realidad, sin embargo, resulta frustrante porque las administraciones públicas, en el ámbito nacional y, sobre todo regional y local, no cumplen. En la provincia, Chiclana y Cádiz cuentan ya con planes locales de acción contra el cambio climático, de acuerdo a la normativa europea. “El Puerto no tiene intención de elaborarlo; San Fernando, Tarifa, Algeciras o La Línea han dado pasos”, explica, pero la Junta de Andalucía no tiene intención de apretar a los ayuntamientos. Y, en juego, está la mejora de la calidad del aire, con una reducción de los gases contaminantes de un 55% en 2030, aunque ni si quiera se ha querido poner coto a la industria, excluida de este objetivo. “Ningún municipio ha implantado las zonas de bajas emisiones”, que limita el tráfico rodado, agrega. “No se alcanzarán las metas marcadas ni de lejos”, lamenta. Y alerta, en cualquier caso, de que, “si ganan las derechas”, habrá retroceso en cuanto a la ambición de este tipo de políticas.
Pata Michel Bustillo, ni la derecha ni la izquierda tradicional han estado a la altura tras sellar el Pacto Migratorio recientemente en el Parlamento Europeo. El representante en Cádiz de Voluntarios por el mundo asegura que “volvemos a tener campos de concentración” en Europa, esta vez repletos de personas migrantes, que, además, pueden ser trasladadas de un Estado miembro a otro a cambio de 20.000 euros. “¿Eso vale una vida humana?”, se pregunta. Además, denuncia las condiciones en las que se encuentran en centros de internamiento aquí mismo, en Campano, Chiclana, o en Cuartillos, Jerez, e incluso en cuarteles, en Madrid. De manera que apela a “protestar contra el rumbo que ha tomado la UE, pedir implicación a las ONG y votar el 9J para frenar el retroceso en derechos humanos”.
La UE también examina su política de incentivos en una legislatura marcada por la pandemia. La histórica movilización de recursos por medio de los fondos Next Generation ha sido clave para afrontar las consecuencias de la pandemia. Pero también ha puesto de manifiesto la dificultad para canalizarlos y alcanzar sus objetivos de transformación del tejido productivo. Cecilia Jiménez, vicedecana del Colegio de Economistas de Cádiz, apunta que Andalucía ha sido la región que más recursos ha obtenido, con 1273,1 millones, pero es la región número 15 en España atendiendo a inversión per cápita, con 150,3 euros. Cada euro de inversión de la UE tiene un efecto multiplicador de 1,40 euros, recuerda, pero faltan datos para medir su impacto. La información sobre la ITI por parte del Gobierno de España es incompleta, aunque se ha reconocido la dificultad de las pymes gaditanas para beneficiarse. Pero aporta un dato importante: la mayor parte de las inversiones europeas en la última década se ha destinado a la construcción, precisamente el sector que más ha reducido su aportación al PIB provincial al pasar de casi un 13% en 2011 a apenas un 6% en 2021.
