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Cádiz

Adelante acusa a Procasa de expulsar a quienes no puedan pagar sus viviendas municipales

Helena Fernández, celebra la retirada de un punto por el que podrían verse desahuciadas 38 familias en San Juan Bosco y José Cerezo

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  • David de la Cruz y Helena Fernández. -

Adelante Izquierda Gaditana celebra la retirada de la propuesta llevada en el día de hoy al Consejo de Procasa por parte del Equipo de Gobierno que podría suponer el desahucio de 38 familias que habitan en las viviendas municipales en régimen de alquiler con opción a compra en las calles San Juan Bosco y José Cerezo al cumplirse los diez años estipulados,  procediendo a su venta  “con la consiguiente pérdida de vivienda pública tan necesaria en la ciudad”. Esto ha sido posible gracias a la defensa de la no venta y de priorizar el alquiler social defendido por la formación de izquierdas que, junto al PSOE, han presionado para la retirada del punto. Así lo explica la concejala, Helena Fernández, que también alerta de que, según el informe presentado al Consejo, “a estas familias se les ofrecerá la venta casi a precio del mercado, que sumado a la inflación de los precios y los tipos de interés hipotecarios, hará imposible que estas familias puedan comprarlas, como ya ha ocurrido con otras promociones similares como refleja el mencionado informe”.

En este sentido, Fernández critica que “en lugar de ofrecer la transformación de estas viviendas en alquiler social en favor de la permanencia de estas familias en un ejercicio de políticas sociales reales para la gente, la propuesta retirada implicaba que, aquellas familias con solvencia económica que no reúnan los requisitos para acceder a viviendas en régimen de alquiler social y tampoco puedan comprarlas, tendrían que abandonarlas sin alternativa habitacional”.

La edil lamenta que “la solución planteada en un principio pasara por expulsar a la calle a aquellas familias que aún sin poder comprar están cumpliendo puntualmente con el pago del alquiler”.

En definitiva, desde Adelante Izquierda Gaditana defienden que “en ningún caso habría que ponerlas a la venta y deshacerse de un patrimonio público de viviendas tan necesario en la ciudad”, defiende.

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