En la publicación en el perfil de Facebook de VIVA CÁDIZ sobre los pormenores del trabajo del equipo de reconstrucción para determinar las causas y responsabilidades del atropello en la Avenida de las Cortes de un autobús que perdió el control en la bajada del Puente de la Constitución de 1812 por un presumible fallo en los frenos, una usuaria conminaba a las autoridades a ocuparse también “en dar de una vez con los que se pusieron a grabar y echar fotos a las víctimas y compartirlo (para) que se les quiten las ganas de volver a hacer algo tan rastrero y deshumanizado”.
Lo cierto es que el Juzgado de Instrucción número uno de Cádiz ha abierto una investigación sobre la autoría y la difusión de fotografías y vídeos de los fallecidos en una tragedia que todavía hoy, dos semanas después estremece a la ciudad.
El Fiscal Jefe, Ángel Núñez, rehúsa a aclarar si este procedimiento es fruto de una denuncia particular o de oficio, pero, tal y como hizo esta misma semana en Radio Cádiz, asegura que la Policía tiene medios tecnológicos para llegar hasta los responsables y remarca que “existen figuras penales para castigar esas conductas”. “Hay supuestos que entienden que se trataría de un delito contra la integridad moral, tipificado en el artículo 173 del Código Penal, y otros, como nosotros, que pensamos que se ajusta al 197”, por la vulneración de la intimidad, castigado con pena de multa de seis meses a dos años. Y asegura que hay sentencias en el ámbito provincial en el conjunto de España que podrían servir de antecedentes, si bien considera que es preciso avanzar en la regulación de este tipo de casos.
Fuentes jurídicas consultadas, se expresan en la misma línea, y reflexionan sobre la responsabilidad individual ante un suceso como el sufrido en Cádiz. “Si te encuentran en el lugar de los hechos, la obligación llamar a la Policía y a los servicios de emergencia y ponerte a disposición para ayudar si es posible”, apuntan, y apelan a la ciudadanía para que se pregunten: “¿De qué sirve a las víctimas que alguien se ponga a grabar en directo para emitirlo en redes sociales o capturar imágenes y distribuirlas?”. En este punto, advierten de que la responsabilidad recae igualmente en quien decide reenviarlas.
“No podemos pedir a la ciudadanía valores periodísticos, pero sí un poco de moral y respeto a la familia de empatía”, apunta, por su parte, Lorena Mejías, presidenta del Colegio de Periodistas de Andalucía en Cádiz. Para Mejías, los medios de comunicación locales hicieron bien su trabajo en términos generales, sin caer en el morbo o mostrar detalles dantescos del accidente.
Pero lamenta la presión por la inmediatez, que no solo recae sobre los profesionales de la comunicación, sino que también es demanda por parte de una audiencia formada en muchas ocasiones “buscan el reconocimiento personal en redes sociales” a título individual.
Tanto en un caso, el mediático, como en el relativo a perfiles personales, “por likes, clics o por obtener rendimiento económico se genera un problema ético y moral, que debe ser abordado también jurídicamente”, agrega. Y alerta que este fenómeno “es fuente de generación de bulos y desinformación”, por un lado, y de “falta de sensibilidad y empatía con quienes sufren”, por otro.
