?Con la crisis se ha duplicado la demanda de justicia gratuita?

La Justicia tiene mala imagen. Los jueces, los abogados, los fiscales... pero también las dependencias y el personal que trabaja en la administración. Cádiz necesita desde hace mucho tiempo la Ciudad de la Justicia que se ha prometido una y otra vez durante años. El proyecto se remonta a la década de los 90 y hoy sigue sin tener un solo ladrillo. La Consejería dice haber puesto toda la carne en el asador y trabaja para poner la primera piedra el próximo año. Además del gran proyecto, a la Delegación le toca mientras tanto poner parches en las deficientes instalaciones. La factura de la crisis es especialmente cruel porque ha dejado a los abogados del turno de oficio sin cobrar. En la administración de Justicia dar un paso es mucho más complicado que en otros departamentos. Sánchez Rizo puede ser el delegado provincial con menor perfil político de todos. O eso, o es que capitanear esa nave llena de agujeros no le deja margen de maniobra.

—Con el acuerdo cerrado con la Diputación para la cesión ¿con qué miras se trabaja ahora en el proyecto de la Ciudad de la Justicia?
—Con miras de presente y futuro. Es un proyecto que completamos con esta permuta segundo del Instituto del Rosario con los dos mil metros cuadrados que nos faltan en el solar de la Ciudad de la Justicia, para así llegar a superar los 10.000 metros cuadrados. Si somos capaces de conseguir lo que nos ha puesto la consejera como meta, que es cerrar administrativamente ya el acuerdo de permuta y esperar que se ubique al personal que hay allí del Inem, el año que viene por estas fechas podremos tener licitada la obra.
—La consejera ha dicho 2010 con mucha seguridad. ¿Porque esta vez va a ser distinta a las anteriores?
—Estamos hablando de un año. Si no es en 2010, que sea en el primer trimestre de 2011. Pero estamos trabajando en paralelo el expediente administrativo con otra administración, que es la Diputación. Y también con el Ayuntamiento de Cádiz, a quien tenemos presentado el proyecto básico y después tendremos que presentar el de ejecución, tras su adjudicación. El estudio de Carbajal Ayala no ha parado de trabajar en el proyecto. Y la tercera línea es acordar con el Ayuntamiento que nos den la licencia de obra mientras se hace la licitación. Es un modelo nuevo, y como todos los instrumentos de gestión nuevos en la administración requiere su tiempo. Con el concurso público-privado, que todavía no hay ningún proyecto que se ha adjudicado de esta manera, tenemos que esperar el interés de las empresas. Pero con el problema financiero y la crisis tendrán que buscar dinero y tendrán dificultades. La idea es que no deje de funcionar el proyecto, que no se pare y si no podemos tener la Ciudad de la Justicia en el Doce, que sí podamos tener bastante avanzado el proyecto.
—La Justicia requiere de nuevas salas y dependencias cada dos por tres. ¿El proyecto podrá acoger todas las dependencias?
—Por eso hablamos de una Ciudad de la Justicia del futuro. Todo lo que hay ahora mismo en Cádiz en órganos judiciales lo podremos tener allí, y será una Ciudad de la Justicia que responda a las necesidades y los requerimientos de una justicia ágil, rápida, cercana y eficaz. Es lo que están demandando los ciudadanos.
—Hace un par de semanas se manifestaron los abogados de los turnos de oficio por la falta de pago desde mayo. ¿Cómo puede producirse eso?
—El compromiso de la consejera era pagar antes de final de año. Y si no es antes del día 31 de diciembre, será en los primeros diez días de 2010. La situación no es tan compleja. Nosotros tenemos un presupuesto anual que estaba en torno a los 30 millones de euros. Pero se nos ha desbordado por culpa de la crisis. La demanda de justicia gratuita ha sido enorme. Se ha duplicado en jurisdicciones de lo social, de lo civil... Salvo en los divorcios y separaciones, todo ha subido muchísimo. Eso hace que hayamos tenido que aumentar el presupuesto con una modificación presupuestaria con lo que conlleva eso. Son 12 millones más de euros hasta el mes de noviembre lo que hemos tenido que gestionar. Eso no es fácil. En la Junta, el dinero, como todo el mundo sabe, no sobra. Con la bajada de los ingresos presupuestarios, el dinero está muy limitado. Pero nosotros el compromiso lo seguimos manteniendo. Ya se ha firmado la orden de pago y ya se ha enviado a Hacienda. En la provincia no llegaba a dos millones de euros lo que se debía.
—Justicia es entonces una Consejería a la que la crisis más afecta porque precisamente por la crisis es donde más actividad se genera.
—Otras delegaciones podrán tener sus problemas. Todos tenemos problemas. Pero las demandas en nuestro caso han aumentado muchísimo. Ha aumentado el trabajo, ha aumentado la litigiosidad en general de todas las jurisdicciones. De lo contencioso, de lo contencioso-administrativo, de lo judicial... La crisis es una cadena que va afectando a lo económico, a lo sentimental, a las empresas, a las familias, y todo eso a nosotros nos afecta más porque esos casos se dan en más cantidad. Hay muchas más personas que, al haber aumentado el paro, los recursos económicos son menos y no tienen dinero para pagar a un abogado de su bolsillo que los represente y recurren a lo gratuito. Es una cadena. De todas maneras, nosotros garantizamos los servicios.
—El alcalde de San Fernando ha preguntado por escrito a la consejera si para el caso del desfalco en el Ayuntamiento isleño ha habido un refuerzo del personal de justicia. ¿Se ha hecho?
—Sí. Tenemos doce refuerzos en toda la provincia y San Fernando cuenta con la unidad de refuerzo.
—Ha habido muchas quejas por el traslado de El Cuco (menor implicado en la desaparición y muerte de Marta del Castillo) a un centro de Puerto Real ¿Qué tiene que decir la administración a los vecinos?
—La Junta no tiene nada que decir ante una resolución judicial. La ha cumplido. El sitio cumple con los requisitos que ha puesto el juez. Nosotros estamos cumpliendo la resolución judicial, colaborando como entendemos que es la única forma de hacerlo. Ponemos los medios al alcance de todas sentencias judiciales y en este caso lo estamos cumpliendo.
—Usted ha conseguido el traslado del juzgado de Menores de la calle San Francisco, un tema que hasta ahora había sufrido cierta pasividad. ¿Cuándo entrarán en funcionamiento las nuevas instalaciones en la Audiencia Provincial?
—Es un tema complejo. Yo no quiero que parezca que sólo lo he trabajado yo. Creo que todo el mundo ha trabajado: María Luisa García Juárez, Gema Araujo y Blanca Alcántara, que son mis tres sucesoras han tenido el problema. Creo que reconocimos que era una dificultad. Yo tuve la oportunidad de visitar el juzgado cuando estaban haciendo reformas y se montó una gran polémica porque yo me expresé mal y después se aclaró. No era el sitio y desde el 12 de junio, el día de mi nombramiento, me pusieron encima de la mesa varios problemas que eran crónicos. Uno era éste. Yo quiero destacar el comportamiento de todos los órganos judiciales, pero sobre todo de cuatro personas concretas, que son Lorenzo del Río, presidente de la Audiencia; Ángeles Ayuso, fiscal jefe; Nuria Orellana, jueza decana; y Rosario Troncoso, secretaria coordinadora. Todo el mundo ha cedido espacio que tenía y hemos hecho una gran reforma en la que conjugamos los intereses que tiene la Audiencia como órgano provincial y a la que los magistrados y todo el personal ha accedido. Queremos tener hecho el traslado en el verano para que el 1 de septiembre el juzgado de Menores esté funcionando en la Cuesta de las Calesas con su entrada independiente y que cuente allí con todos los equipos técnicos. Y además creo que al edificio le vamos a dar vida en el sentido de que le vamos más trabajo, más personal. Creo que va a ser una gran noticia para Menores y para la Audiencia. Y quiero agradecer el esfuerzo. Y si lo conseguimos el 1 de septiembre podremos decir que lo hemos conseguido todos. Con generosidad hemos logrado una gran obra y se habrá resuelto un problema endémico.
—Con tanta preocupación que existe actualmente con los menores, ¿cómo es posible que no se consiga un acuerdo con el Ayuntamiento de Cádiz para establecer los servicios sociales?
—Yo no lo entiendo. He tenido varias reuniones. Pero hubo una con la concejala Mercedes Colombo y su equipo y, al final, yo creo que no tienen voluntad política de firmar el convenio. Tenemos rubricado con más del 50% de los ayuntamiento de la provincia el convenio de prestación de servicios sociales. Le hemos dicho que el equipo técnico lo ponemos a su disposición y que sólo tienen que decirnos una persona que sea la que coordine y nos diga dónde prestará los servicios el menor. Pero no quieren firmar porque hay un empeño que yo no entiendo. Porque al final son menores gaditanos los que pierden la oportunidad de entender que han cometido un delito, que afecta al dinero de todos, que se tiene que respetar el mobiliario urbano. Pierden las medidas de reeducación, pierden el aprender que todo no es gratis.
—¿Y en los demás ayuntamientos funciona?
—Está funcionando perfectamente. Y hay que agradecer la labor de colaboración que hacen los ayuntamientos.
—Conteste como si no fuese delegado de Justicia. ¿Qué nota le pone a las instalaciones judiciales que hay en Cádiz capital?
—Del 0 al 10 creo que hay unas que están muy bien y otras que están con dificultades. La Audiencia tiene unas buenas dependencias y presta buenos servicios. Menores tiene malas dependencias. Lo Contencioso está muy bien. San José está mal. Del Carranza podemos decir que las instalaciones están muy bien. Yo le pondría un 6,5 o un 7.
—¿Qué le pareció que los jueces y magistrados mostrasen el estado de las dependencias que nunca se enseñan al público en una jornada de huelga?
—A mí me parece en principio bien. Todo poder es libre de ejercer sus derechos y ellos quieren mostrarlo. Pero yo pediría un voto de confianza. En inversión, el Ministerio de Justicia tiene programa y tiene propuestas. Se están buscando fondos para llevarlos a cabo. Los datos son que para el ejercicio de 2010 el aumento presupuestario es del 13,77%. Es la mayor inversión de la historia de la democracia que pasa de 1.500 millones a 1.804 millones.
—Hablando de la función pública, ¿habrá oferta de empleo público para 2010, teniendo en cuenta que la oferta de 2009 ha sido en diciembre?
—La habrá. Se pretende que sea para enero. Pero será siempre en función de las necesidades y las posibilidades. El porcentaje de reposición será del 15%.
—El caso es que Andalucía tiene una tasa de funcionarios por habitantes enorme comparada con otras comunidades autónomas. ¿Se explotan suficientemente bien los recursos humanos en esa grandísima empresa que es la Junta de Andalucía?
—En su conjunto, sí. Pero hay de todo como en la viña del señor. Hay excelentes funcionarios y personal laboral que cumple con sus horarios y sus funciones a desempeñar. En su conjunto estamos contentos, pero eso no quiere decir que no tengamos lagunas importantes y que los ciudadanos tengan la percepción de que la función pública es un trabajo garantizado, que se tiene de por vida. Hay muy buenos profesionales, pero también tenemos ovejas negras importantes.
—¿Qué le parece que una persona posea varias plazas, sólo desempeñe una y las demás no las ocupe y se tenga que cubrir con otro tipo de personal con el gasto que supone? Ahora con la crisis relucen situaciones que son realmente injustas.
—Yo creo que es una de las tareas que tenemos por delante. Creo que con la crisis ese bloqueo hay que solucionarlo. Pero la realidad es que quien quiera puede presentarse a una oposición y ante eso no se puede hacer nada.