La diseñadora de moda Juana Martín será enjuiciada entre finales de abril y mayo junto con varios antiguos responsables de Invercaria, sociedad de capital riesgo dependiente de la Junta de Andalucía, en un juicio en el que la Fiscalía pide ocho años de cárcel para ella por las ayudas públicas que recibió.

Esta pieza separada de Invercaria, relativa a los aproximadamente 850.000 euros que la Administración concedió a la modista entre 2006 y 2011, es la segunda de la macrocausa que llega a juicio y, como la primera, será juzgada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Esta Sala también enjuició la pieza política del caso ERE y condenó a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Inicio el 26 de abril

La vista oral comenzará el 26 de abril y está señalada para doce sesiones de lunes a miércoles durante cuatro semanas hasta concluir el 19 de mayo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Martín una condena de ocho años de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación.

En cuanto al resto de acusados, el Ministerio Público reclama ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y seis años y medio de reclusión y dieciocho de inhabilitación para el exdirector de Promoción Cristóbal Cantos y el exdirector financiero Antonio Nieto.

La empresa de Juana Martín, que declaró por esta causa en 2014, tenía como objeto social el diseño y la confección, fabricación, distribución, comercialización y venta de prendas de vestir, calzados y complementos.

Antecedentes

Los cuatro acusados fueron procesados a principios de 2017 por el titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que en ese auto desgranó las distintas operaciones desarrolladas por Juana Martín junto a Invercaria desde enero de 2006.

La primera fue un préstamo participativo de 120.000 euros concedido cinco días después de la constitución de la compañía, tal como figura también en el escrito de calificación de la Fiscalía.

En 2011, Invercaria reclamó a Juana Martín que devolviese otro préstamo por valor de 200.000 euros, una petición que reiteró en dos ocasiones más pero sin éxito, según el juez instructor, que entonces cifró en un total de 949.749 euros el perjuicio económico causado a las arcas públicas.

Durante su primera declaración judicial, la diseñadora cordobesa explicó que con el préstamo de Invercaria planificó llevar la producción a Marruecos porque era más barato y "en Andalucía no existían talleres adecuados para el proyecto".

Además, aseguró que no conocía Invercaria y que las ayudas fueron iniciativa del entonces consejero de Innovación, Francisco Vallejo, hecho este último en el que también incidió Pérez-Sauquillo cuando compareció en el juzgado.

Martín añadió que Cantos y otros responsables de la empresa pública "hicieron todo el papeleo" y que ella confiaba "plenamente" en Invercaria porque la "identificaba con la Junta de Andalucía".

En cuanto al destino de los préstamos, la modista señaló que "todo" el dinero se invirtió en "diseño, confección, apertura de tiendas, talleres, contratación de personal y gastos de gestiones" de una línea prêt-à-porter, pero contó que después llegó la crisis y entre 2010 y 2011 se vio obligada a cerrar sus tiendas.

En el primer juicio de la macrocausa de Invercaria, celebrado a principios de 2020, la Sección Primera impuso tres años y medio de cárcel a Pérez-Sauquillo por un préstamo de 100.000 euros que otorgó a Aceitunas Tatis, cuya presidenta también fue condenada a dos años de prisión.