Hay abastecimiento garantizado de equipos de protección en Andalucía para esta semana y para los primeros días de la siguiente gracias a las compras realizadas por el Gobierno andaluz y por la donación de particulares. La llegada inminente de millones de mascarillas mantendrá garantizado este material para las próximas tres semanas.
Lo ha adelantado este martes el vicepresidente andaluz, Juan Marín, durante su visita a la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Sevilla, donde se ha recibido un contingente de mascarillas adquiridas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que irán destinadas a los profesionales que trabajan en la contención de la pandemia del coronavirus.
En dicho centro se distribuye todo el material sanitario para los centros hospitalarios, residencias, trabajadores de ayuda a domicilio y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Andalucía ha recibido ya esta semana 1,4 millones de equipos de protección, como mascarillas o batas, procedentes de China.
La Junta ha comprado tres millones de mascarillas más “que llegarán a lo largo de esta semana”, con lo que habrá este tipo de material durante mínimo las próximas tres semanas. Además, el Gobierno andaluz confía en que sea “más de un millón de equipos” sean transportados cuanto antes desde Madrid a Andalucía después de que “hace unas horas” haya llegado el avión con la mercancía al aeropuerto madrileño de Barajas.
En esta línea, Marín ha confirmado que el Gobierno andaluz va a seguir comprando material sanitario después de activar 100 millones de euros del plan de contingencia, con el fin de “no tener carencias en el futuro” ante una posible eventualidad.
Por otra parte, los tests rápidos son otros de los materiales más preciados en esta lucha por evitar la propagación del coronavirus. Marín ha reiterado la necesidad de que el Gobierno de la Nación envíe a la comunidad test rápidos, “con ellos podremos ser más efectivos a la hora de practicar y poner en cuarentena a todas las personas que vayan dando positivo, especialmente a todo el personal sanitario en contacto diario con personas afectadas por coronavirus”.
Sobre la polémica por la supuesta compra de la Junta de tests rápidos defectuosos a una empresa china, Marín ha comentado que “los servicios de Salud nos dijeron que no tenían la sensibilidad necesaria para poder tener resultados efectivos”, por lo que no se terminó de efectuar la compra, como sí hiciera el Gobierno de España.
En otro orden de asuntos, el número dos de la Junta ha indicado que Andalucía y sus servicios sanitarios están “a disposición del Gobierno de España para lo que requiera” pero le ha pedido que “avise con tiempo suficiente” si decide enviar pacientes de coronavirus desde otras comunidades autónomas.
“Esperamos que se nos avise con tiempo suficiente para poder preparar los equipos y las instalaciones”, ha solicitado Marín, que ha reclamado que se informe también “de cuántos pacientes podríamos estar hablando para que las previsiones que tenemos, y que están permitiendo controlar la pandemia, no se nos desborden”.
El Consejo de Gobierno del pasado lunes aprobó la activación del Plan 9.000 cuando todavía Andalucía está lejos de alcanzar esa cifra de contagiados. Sin embargo, “nos permite adelantarnos a lo que pueda llegar y que no se saturen nuestros centros hospitalarios”, ha manifestado Marín.
La Junta trabaja por incrementar el número de equipos de protección y de detección del coronavirus, pero mientras tanto profesionales sanitarios reclaman más medios, ya que son los primeros que están expuestos al contagio. El Sindicato Médico Andaluz, por ejemplo, ha exigido este martes “de manera urgente” que los facultativos dispongan de test de detección del coronavirus y las mascarillas FFP2 disponibles, ya que asegura que “en este momento hay en Andalucía un stock de mascarillas suficiente para dotar al personal sanitario que está asistiendo a pacientes con sintomatología respiratoria”.
Además, el Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha acordado por unanimidad interponer una denuncia por la vía de lo penal y civil ante el TSJA contra la delegada del Gobierno en Andalucía y las máximas autoridades de la Junta por delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos de los profesionales sanitarios, entre los que se ha alcanzado un 23% de contagiados por el virus.