La Sección Primera de la Audiencia de Málaga continuó ayer con la vista sobre los recursos presentados por 62 imputados contra el auto de procesamiento dictado en julio de 2007 por el anterior instructor de la causa, Miguel Ángel Torres, contra 86 personas, después de que el actual juez encargado del caso, Óscar Pérez, desestimara los recursos de reforma. La vista continuará el próximo lunes.
El letrado que representa a este empresario procesado en el caso 'Malaya' aseguró que a su patrocinado "le dejan llegar hasta el final" en la construcción de una urbanización compuesta por varios bloques, aunque posteriormente no se le concede licencia de primera ocupación de cuatro de éstos, estando ya muchas de esas viviendas vendidas.
"Surge un problema externo y de repente llega la solución, hay que pagar, y tenemos que pasar por donde tenemos que pasar", aseveró el abogado, quien insistió en que su cliente "se vio abocado a esa solución, no tenía otra", y precisó que "se consiguieron las licencias de primera ocupación, que era la finalidad del empresario" para no dejar a esas familias sin viviendas.
Asimismo, indicó que San Román "jamás" supo que ese suelo era del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y aseguró que el terreno "no fue un chollo". Respecto a un convenio firmado, otra de las imputaciones que se le hace, reconoció que su cliente pagó "por algo que sigue siendo un erial", en referencia a la parcela; aunque dijo que siempre entendió que pagó al Ayuntamiento.
El letrado recordó que en 24 horas cumplió con los 12 millones de euros de responsabilidad civil solicitada en el auto recurrido con un aval bancario; no obstante, dijo que todas las cantidades que precisa la resolución no son reales, pidiendo que la responsabilidad sea rebajada y se aminore la acusación contra su cliente. Además, dijo que ha sido el propio empresario el que ha decidido su estrategia de defensa.
Víctimas
Añadió que hay que tener en cuenta no sólo el perjuicio al Ayuntamiento, sino también "de quien compra un suelo y no sabe qué va a pasar con él", apuntando que "hay muchas personas que se van a sentar en el banquillo que también han sido perjudicados". En este mismo sentido se expresó la defensa del empresario José María González de Caldas y del arquitecto Miguel López Benjumea.
Así, el letrado apuntó que González de Caldas fue "totalmente perjudicado" en sus relaciones con el Ayuntamiento de Marbella y en concreto en el caso de un edificio, "que lo quería Roca" para pagar una deuda con un banco. Explicó que se le ofreció un convenio para resarcirle, que "no lo aceptó porque hay 200 millones de pesetas fuera".
"Si mi cliente fuera seguidor del gilismo y estuviera acostumbrado a los cohechos, lo habría aceptado, pero no, lo rechaza y lo pierde todo", indicó el abogado, quien se preguntó "cómo iba luego a pagar 60.000 euros -es lo que se le imputa en el auto- para una licencia de primera ocupación". Aseveró que éste es un ejemplo de "víctima de una coacción y una extorsión", apuntando también al estado de necesidad.
Por su parte, el letrado que representa a Tomás Olivo indicó que se ha vulnerado el derecho a la libertad, en su caso concreto, por estar cinco días detenido sin declarar, lo que está pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional; y el derecho a un juez imparcial, en general en todos los procesados, porque el instructor "se auto atribuyó" el caso.
En el caso de la compra de un edificio en Puerto Banús, afirmó que "todo lo ocurrido con posterioridad respecto al dinero es ajeno a mi demandante", insistiendo en que en la operación posterior con otros procesados, como son Carlos Sánchez y Andrés Liétor, "nada tiene que ver el señor Olivo". Además, apuntó que no se describe el acto injusto. También pidió la revocación del auto el letrado del empresario Francisco Zambrana.
