La agricultura y la ganadería representan el 8% del PIB en Andalucía, generan el 10% del empleo en la comunidad y suponen más de una tercera parte de las exportaciones. Además, la actividad agraria ocupa el 50% del territorio.

Por todo ello, la Junta de Andalucía ultima una nueva Ley de Agricultura y Ganadería con la que pretende mejorar la cadena agroalimentaria, para que sea "más justa y equilibrada", en palabras del consejero Rodrigo Sánchez Haro, mejorar también la gestión de los excedentes alimentarios y proteger el suelo agrícola y ganadero, mediante la creación de una figura como la "zona de protección agraria".

La nueva ley, además, promueve la posibilidad de implantar actividades compatibles con el uso agrícola y ganadero en este suelo, y sanciones de hasta 800.000 euros (más el beneficio ilícito) para aquellos productores que no cumplan con los requisitos de calidad mínimos.

La nueva ley, que se ha hecho en colaboración con el sector, según avanzó ayer el consejero, se ha encontrado, no obstante, con la respuesta de algunas organizaciones. Asaja Andalucía entiende que el anteproyecto es mejorable, y alerta de en su actual redacción que supondrá un aumento de la burocracia en un sector "sobrerregulado". Según Asaja, la norma tiene un "tufillo confiscatorio y expropiatorio".

Aunque esta organización cree que dicha ley “no era necesaria", reconoce el "importante esfuerzo" de la Consejería de Agricultura, que en el sexto borrador incorporaba muchas de sus alegaciones.

No obstante, para Asaja quedan algunas cuestiones que "pulir" en la tramitación parlamentaria, como los contratos territoriales, las zonas de protección agraria, el concepto de suelo infrautilizado y el régimen sancionador.