Desde que Pilar Sánchez planteó aplicar un ERTE hasta la presentación del borrador del nuevo plan de ajuste, la relación entre la plantilla municipal y los diferentes gobiernos municipales ha sido lo más parecido a viajar en una montaña rusa, aunque hayan sido los propios trabajadores los obligados a subirse a la atracción. Porque, desde un principio hasta ahora, la solución a los problemas económicos del Ayuntamiento han pasado por recortar el capítulo de personal. Y aunque puede que en el origen de todo se encuentre la desmedida dimensión alcanzada en un momento determinado por la propia plantilla, no cabe aplicarle a sus integrantes la culpabilidad de una situación que no fueron ellos quienes provocaron, sino quien lo permitió.

Pilar Sánchez pagó en las urnas haber abierto por primera vez aquella herida; el PP empleó sus propias tácticas en busca de una paz social ansiada y alcanzada, pero sustentada en un ERE -“arbitrario”, ya saben- que siempre defendió como inevitable; y el PSOE no ha tenido más que adentrarse en tan laberíntico jardín, empujado por el incisivo ministro de Hacienda, en busca de un ordenamiento para el que, como temía, se ha encontrado de frente a los sindicatos mayoritarios entre los funcionarios y el personal laboral, los mismos que alcanzaron un inesperado apaciguamiento con el gobierno de García-Pelayo -ahora entiende el PSOE por qué, como si hiciera falta un guía-.

En realidad, los tres gobiernos han tenido claro desde un principio dónde se encontraba el problema. En lo que no han coincidido ha sido en el remedio. Una vez diagnosticado como fallido y obsoleto el que plantearon los populares en su momento, el Gobierno de Mamen Sánchez tiene el suyo, aunque no nace del consenso ni tiene visos de lograrlo. Tampoco parece valerle que pueda terminar defendiéndolo como el menos malo, como si el hecho de no contemplar despidos fuese suficiente crédito -ya se vio que a los que conservaron su puesto les importó bastante poco el destino de sus excompañeros-. Ni que una de sus piedras angulares, el cumplimiento íntegro de la jornada laboral de 37,5 horas semanales, avale la minuciosa dedicación con que han intentado evitar situaciones “traumáticas”.

De hecho, no va a tener problemas el PSOE para sacar adelante esa propuesta a poco que terminen de explicarla y el resto de entenderla, aunque yo que ellos me hacía el buen entendedor y precisaría menos palabras, porque a poco que cualquier vecino tire del hilo conductor habrá que pedir más velas para el entierro.

El problema, como es previsible, está donde siempre: en el dinero. En perder dinero, obviamente. En tócame la moral, pero no me toques el bolsillo. Y el nuevo plan de ajuste mete la mano en el bolsillo; en los de la plantilla, se entiende. Es cierto que no aparece recogida ninguna bajada salarial, pero sí la de las productividades, y ya sabemos cómo tuvo que solventar el PP los desajustes salariales de los trabajadores con menos ingresos: con complementos. Y es ahí donde pretende obtener el ahorro estimado el nuevo gobierno, que habla de reajustar el cinturón a todos por igual, pero, por parafrasear a Orwell, a unos más que a otros, en plan compensatorio: los que perdieron con el PP ganan, los que ganaron, pierden.

Por otro lado, el recorte en un 40% de las productividades augura margen de maniobra. Es un porcentaje que invita a la negociación, en el único y auténtico punto negociable de todo el plan, y cuanto antes se asuma, eso que llevarán aprendido, puesto que tampoco hay tiempo para más. Lo único que sobra en este momento son pintadas y posturas amenazantes. Antonio Saldaña y Lidia Menacho las padecieron antes que Laura Álvarez y Francisco Camas, tan censurables entonces como ahora, y no es que vivamos en el día de la marmota, como alguno apuntaría ocurrentemente, es que llevamos demasiados años a base de parches y enfrascados en soluciones provisionales o con fecha de caducidad que ni permiten avanzar ni, lo que sería deseable, volver a empezar.