Un problema de calado “mayor al de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina”. Así es como definen los afectados uno de los mayores escándalos de la historia reciente de España: “el secuestro de menores en nuestro país fue mayor y durante más tiempo, medio siglo”, puntualizan desde SOS Bebés Robados Andalucía.
Detrás de la red de trata de bebés que, según las asociacioens de afectados, se dio desde 1940 hasta 1990, “no hay voluntad por investigar”. Las supuestas sustracciones de bebés “están prescribiendo ya, y los jueces en la provincia de Cádiz solo están admitiendo a trámite los casos posteriores a 1982. Los anteriores ya han prescrito”, se lamenta Charo Herrera, presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados Cádiz y afectada por esta red.
“Hemos contabilizado más de 500 casos en la provincia, más los que aún no ha salido por miedo o porque, sencillamente, las familias no han querido retomar un tema que es tan doloroso”. El suyo es solo uno de los muchos que se repiten en la provincia, “todos con las mismas características”, puntualiza Herrera. Pero en Cádiz “tenemos un problema añadido” asegura Herrera, y es el de la prescripción. La presidenta de SOS Bebés Robados Cádiz critica que “los jueces no admiten investigar casos porque dicen que no se ha demostrado que haya habido bebés robados en la provincia. Pero no pueden saberlo si no investigan. Es tan sencillo como permitir la exhumación de los nichos donde dicen que están enterrados los niños, y extraer muestras de ADN”. Herrera lamenta la “dejadez” por parte de las instancias judiciales de “no tenernos en cuenta. Quieren callarnos la boca”.
Por eso ahora creen que han agotado todas las vías judiciales, al prescribir los casos. “Solo nos queda voluntad política. Son los políticos los que ahora pueden hacer algo por poner fin a esta pesadilla por medio de decretos o leyes que permitan la investigación por parte de las familias y los asociaciones”. Están dando pasos en esa línea: piden una “respuesta política y un respaldo administrativo” que posibilite el reencuentro entre padres e hijos, “es devolver la identidad a esos niños que fueron robados”. Se reunirán el próximo 28 de octubre en el Parlamento de Andalucía con los cinco grupos que tienen representación parlamentaria.
Tienen claro qué piden: que tanto el PSOE, como el PP, Podemos, Ciudadanos e IU firmen un compromiso escrito que posibilite la búsqueda de los desparecidos.
Para ello quieren que se facilite a las familias afectadas el acceso a sus historias clínicas en los hospitales públicos y a los registros de los cementerios. Además, el próximo día 28, donde además de los representantes de los grupos políticos del parlamento se reunirán también los presidentes de las asociaciones de bebés robados de todas las provincias andaluzas, quieren instanr al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a abrir los archivos del Tribunal Tutelar de Menores, y que otorguen a los afectados la consideración de víctimas por el robo de hijos o hermanos, así como la creación de una base de datos única que permita establecer relaciones de parentesco entre los afectados.
Es un problema que, además, toca muy de cerca a la Iglesia por la relación que esta pudo tener en la sustracción de bebés en instalaciones hospitalarias gestionadas por órdenes religiosas. Por eso los afectados van a pedir a los obispados de toda Andalucía que abran también sus registros, y así poder cruzar datos de adopciones con los registros de ayuntamientos y diputaciones.
“Nadie puede ya devolver a un hijo o a una madre los años de amor y convivencia perdidos, las ilusiones compartidas ni la experiencia de unión natural con la familia”, lamentan los afectados, pero pedirán al menos que “la voluntad política” sirva para resarcir en cierta medida el daño “irreparable” de la sustracción y puesta ilegal en adopción de menores en Andalucía y el resto del Estado.
En el caso de los afectados de la provincia “estamos en una situación de olvido absoluto”, lamenta Herrera. “Solo con un caso que se solucione, solo con una familia que encuentre a su hijo, ya podría tirarse de la manta y descubrir el resto de casos” que hasta ahora “están silenciados por miedo”. Los afectados necesitan solo un indicio para poner en marcha la cadena y evitar que los casos sigan prescribiendo: “en este año que entra, prescribirán los casos de 1983, y así sucesivamente. Hay que parar esto, tenemos derecho a conocer qué pasó con nuestros familiares y si, efectivamente, muchos de esos niños murieron, poder cerrar este duelo”.
A los padres de Charo, cuando le comunicaron que su primera hija había muerto al poco de nacer, las enfermeras les dijeron que “tuvieran pronto otro bebé para pasar página pronto”. Y entonces nació Charo.
Y a sus padres y otros muchos les quedó siempre la sospecha, tal vez cierta, de que les robaron sus hijos.
“Ojalá pudiera encontrarla”
La hermana de Charo nació el 10 de enero de 1975 en la antigua residencia Fernando de Zamacola, en Cádiz. “Nació sana, con más de 3 kg y con una mancha enorme en el muslo derecho”, explica la presidenta de SOS Bebés Robados Cádiz.
Su madre ingresó de urgencias en el Hospital de San Rafael, cuando en él estaba la residencia de Zamacola: “estaba a punto de parir, la niña ya tenía la cabeza fuera”, y no la llevaron a maternidad, sino a otra planta.
Por la noche llamaron a su padre y le dijeron que la niña había enfermado. No volvieron a verla a pesar de las insistencias de los padres: “a mi padre le enseñaron un bulto en un cajón y le dijeron que era mi hermana, pero no le permitieron reconocerla. Le pidieron que firmara unos papeles, él no sabía entonces ni leer ni escribir, para que el hospital se encargara de todo”. Desde entonces su padre se quedó con la sospecha de que su hija no estaba muerta, sino que la habían robado.
“Hoy solo pido encontrarla, porque si un caso se destapa, saldrán todos a la luz”.
