El juez de Sevilla que investiga supuestas irregularidades en Invercaria ha rechazado la petición de la diseñadora cordobesa Juana Martín para que suspendiera su declaración como imputada del próximo día 4 de abril, para lo que alegó que ese mismo día había sido invitada a participar en la inauguración de una exposición de moda en la residencia del embajador de España en Francia.
En un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, consultado por Europa Press, la imputada defiende que el día 4 de abril tiene "compromisos laborales" en Francia, expresamente en la inauguración de la exposición que realiza la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) en la residencia del embajador de España en Francia los días 3 y 4 de abril.
En este sentido, la imputada adjunta a su escrito un correo electrónico remitido por la responsable de ACME en el que ésta le informa del evento y requiere su presencia en el mismo "ya que es una acción muy importante de ACME en la que es fundamental que participes, ya que habrá prensa especializada de moda y compradores".
No obstante, el juez instructor, Juan Gutiérrez Casillas, ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que rechaza la petición de la modista "por no ser causa de suspensión" el motivo alegado por la imputada.
En la pieza separada relativa a Juana Martín, también han sido imputados los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, que deberán comparecer ante el magistrado los días 3 y 9 de abril, respectivamente.
El juez también ha citado como imputados el día 7 de abril al exdirector de promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, y el día 10 del mismo mes a Antonio Nieto Garrido, exdirector financiero de la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta.
Y es que el magistrado considera que los hechos investigados hasta el momento, "de forma indiciaria y en espera del resultado de las diligencias" interesadas por la Fiscalía Anticorrupción, pueden ser constitutivos de sendos delitos continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil o alzamiento de bienes.
