El Consistorio identifica a 13 propietarios de San Juan Bautista de la Salle 17
Las cinco familias inquilinas siguen realojadas mientras se produce el proceso de expropiación
El Ayuntamiento de Cádiz ha identificado a trece propietarios de la finca número 17 de la calle San Juan Bautista de la Salle que se encuentran afectados por el proceso de expropiación que el Consistorio tiene abierto sobre este inmueble después de que la propiedad no cumpliera los requerimientos de obras de seguridad.
Tal y como adelantó este periódico en septiembre de 2008, la finca presentaba serios problemas en el forjado, que fueron denunciados por los vecinos y por la AVV de Santa María. A raíz de las quejas, el Ayuntamiento mandó a un técnico para que inspeccionara la finca, ratificando el mal estado del forjado y la necesidad de obras de seguridad de urgencia.
El Consistorio dio a la propiedad 24 horas para ejecutarlas, pero el requerimiento se quedó en papel mojado siendo el Ayuntamiento quien asumiera las obras de forma subsidiaria. Tras incumplir la orden, se iniciaron los trámites para la expropiación del edificio. Sin embargo, las fuertes lluvias de octubre causaron graves daños a la estructura de la finca, que ponían en peligro la seguridad de los inquilinos. Por ello, la Policía Local procedió a su desajolo el 24 de octubre. Desde entonces la casa permanece vacía.
Según indicaron fuentes municipales, dos de las familias fueron realojadas por sus familiares, manteniendo la misma situación. A las tres restantes, Asuntos Sociales, les pagó 1.000 euros a cada una para que pudieran alojarse en otra vivienda. Asimismo, el Consistorio asume parte del alquiler de dichas familias de acuerdo a sus situaciones económicas, pagando el 80, 75 y 50 por ciento de la mensualidad. A uno además se le presta el servicio de ayuda a domicilio.
Tal y como adelantó este periódico en septiembre de 2008, la finca presentaba serios problemas en el forjado, que fueron denunciados por los vecinos y por la AVV de Santa María. A raíz de las quejas, el Ayuntamiento mandó a un técnico para que inspeccionara la finca, ratificando el mal estado del forjado y la necesidad de obras de seguridad de urgencia.
El Consistorio dio a la propiedad 24 horas para ejecutarlas, pero el requerimiento se quedó en papel mojado siendo el Ayuntamiento quien asumiera las obras de forma subsidiaria. Tras incumplir la orden, se iniciaron los trámites para la expropiación del edificio. Sin embargo, las fuertes lluvias de octubre causaron graves daños a la estructura de la finca, que ponían en peligro la seguridad de los inquilinos. Por ello, la Policía Local procedió a su desajolo el 24 de octubre. Desde entonces la casa permanece vacía.
Según indicaron fuentes municipales, dos de las familias fueron realojadas por sus familiares, manteniendo la misma situación. A las tres restantes, Asuntos Sociales, les pagó 1.000 euros a cada una para que pudieran alojarse en otra vivienda. Asimismo, el Consistorio asume parte del alquiler de dichas familias de acuerdo a sus situaciones económicas, pagando el 80, 75 y 50 por ciento de la mensualidad. A uno además se le presta el servicio de ayuda a domicilio.
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