No aclaró en ningún momento si hablaba en serio o en broma, pero lo cierto es que lo dijo. La alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, se mostró ayer dispuesta a desmontar la Aduana Nueva, “ladrillo a ladrillo”, para después volverla a levantar en otro sitio de Cádiz y poder así ejecutar el proyecto de reordenación de la Plaza de Sevilla sin este edificio. 

La regidora aseguró no tener ningún problema en “hacer como los americanos o los ingleses cuando se llevaban el patrimonio de Egipto”, a la vista de la protección que la Junta de Andalucía pretende darle al inmueble en el futuro. Y propuso incluso ubicarlo en la parcela donde antes se encontraban las dependencias de Subdelegación del Gobierno. “Eso está chupado”, agregó. 

Martínez, quien sostuvo que el Ayuntamiento no quiso promover una plataforma a favor del derribo del equipamiento “para no enfrentar a los ciudadanos”, amenazó además con expropiar los terrenos de Adif si el ente público no interviene pronto en la zona. “Como estos suelos ya están deslindados del sistema general ferroviario, contaríamos con toda legitimidad para ello”, advirtió. 

La primera edil pronunció estas polémicas declaraciones durante el Pleno ordinario celebrado ayer, a raíz de una moción planteada por el Gobierno local para exigir a la Consejería de Cultura que otorgue al Consistorio la condición de interesado a lo largo de la tramitación del expediente de conservación. Lo curioso es que la petición recibió el respaldo de la oposición. Sin embargo, este consenso no evitó que el debate de dicho punto resultase uno de los más calientes de la sesión. 

El portavoz del PSOE, Rafael Román, apoyó “sin ningún tipo de restricción” la solicitud del Ayuntamiento porque, a su entender, le asiste “el derecho legal y moral”. No obstante, negó cualquier tipo de “conspiración” en este asunto por parte de su partido, “pues nosotros hemos sido los primeros sorprendidos”. 

De este modo, no dudó en ironizar sobre la posible mano negra que, según los populares, hay detrás del cambio de opinión de Cultura respecto a la Aduana, al jurar “ante este altar municipal que no nos hemos puesto de acuerdo ni con José María Esteban, ni con Javier de Navascués, ni con José Ramón Pérez Díaz-Alersi”. Figuras, todas ellas, que se han significado por su defensa del edificio. Con todo, afirmó que, a pesar de su mantenimiento, “el mundo sigue”, restando importancia a la medida anunciada por la Junta. 


Pero el discurso de Román no convenció ni al equipo de Gobierno del PP ni a IU, que no escatimaron en reproches. Por un lado, el concejal de Urbanismo, Ignacio Romaní, acusó al PSOE de actuar con “mala fe” y de haber influido en la determinación autonómica, al creer “que iban a beneficiarse políticamente”. Una tesis que remataría luego la alcaldesa, lamentando que “valgan más 3.000 firmas que 50.000 votos”. 

Igualmente, el portavoz de IU, Sebastián Terrada, reprochó a los socialistas su “incoherencia” y su “falta de coordinación” con las administraciones donde gobiernan. Y es que, según indicó, “la decisión de la Junta les deja en paños menores y esas contradicciones acaban pasando factura”.


FERNÁNDEZ TACHA A MELÉNDEZ DE "SINDICALISTA" Y "AGITADORA SOCIAL"
El primer teniente de alcaldesa, José Blas Fernández, protagonizó ayer uno de los momentos más tensos del Pleno, al arremeter duramente contra la concejala del PSOE, Marta Meléndez, a quien acusó de manipular a los trabajadores municipales con ínfulas de “sindicalista” y de “agitadora social”. Fernández llegó a tildarla de “mala persona” y aseguró que su asistencia a las mesas de contratación respondía sólo a un interés por “sacarse un máster a costa del Consistorio”. 

Ésa fue la respuesta ofrecida por el Gobierno local a una propuesta del PSOE, donde Meléndez defendió la posibilidad de incorporar determinados criterios en los pliegos de cláusulas administrativas para garantizar mejores condiciones laborales y una mayor inserción de colectivos desfavorecidos o en situación de exclusión social.