Este dinero será entregado al consistorio "atendiendo al deseo expreso de Roca" de satisfacer la condena que le fue impuesta en el 'caso Saqueo' y "dada la necesidad acuciante de liquidez del Ayuntamiento", según el auto judicial, al que ha tenido acceso Efe.
Esta resolución ha sido tomada por la Sala "dada la liquidez sobrante en la actualidad de las sociedades atribuidas a Juan Antonio Roca y que están sometidas a la medida de administración judicial.
El tribunal ha acordado que dicha cuantía se articule en la contabilidad interna de las sociedades, como un contrato de préstamo que tales sociedades efectúan a Roca.
El 23 de enero de 2009, la Audiencia Nacional condenó a Roca, al letrado José Luis Sierra y Manuel Jorge Castel, al pago conjunto y solidario de 24,3 millones de euros por los perjuicios causados con el 'caso Saqueo', sobre el desvío de esa cantidad del Ayuntamiento a empresas privadas entre 1991 y 1995.
El 29 de noviembre de 2010, la Audiencia Provincial de Málaga dictó una providencia en la que se establecía un principio de acuerdo entre Roca y el Ayuntamiento para que la Finca de la Caridad fuese entregada al consistorio en concepto de responsabilidad civil.
Si bien, el principio de acuerdo no llegó a buen término y continuaron con las negociaciones para cumplir con la sentencia condenatoria.
En este sentido, ya se ha alcanzado un acuerdo, según el auto, al que ha tenido acceso Efe, que está pendiente de ser ratificado por la sala del 'caso Malaya', que mantiene intervenidos los bienes de Roca.
Según dicho acuerdo, se entregará al Ayuntamiento diferentes importes, en diferentes fechas y todo ello una vez se efectúe la venta del Palacio de los Condes de Villagonzalo, en Madrid.
Pero "atendiendo a que aún no se haya procedido a la venta del citado inmueble, y dada la necesidad acuciante de liquidez del Ayuntamiento", la sala ha ordenado que sean transferidos 600.000 euros, en pago de las responsabilidades pecuniarias decretadas por la Audiencia Nacional.
Los magistrados han acordado dicha entrega de dinero "atendiendo de manera fundamental a que ningún perjuicio material es detectable por ello" y, porque hay "una administración pública que aparece como víctima de un delito que ha de ser resarcida en la cuantía declarada judicialmente".
La sentencia declaró probado que desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL), el exalcalde Jesús Gil fue aconsejado por Sierra, quien concibió la idea de crear varias empresas sujetas a la legislación mercantil "bajo el aparente designio de que la gestión de los servicios municipales sería más ágil".
La existencia de 31 sociedades municipales, que "se nutrían" de las subvenciones y transferencias de dinero público del consistorio, "degeneró" en una situación de "opacidad".
Para dar cobertura a la distracción de fondos públicos Sierra, Castel y Roca "se concertaron con otras personas no enjuiciadas y con vínculos más estrechos con el Ayuntamiento en la ideación y puesta en práctica de una serie de actividades encaminadas a crear una apariencia contable de gastos, con objeto de justificar el uso de las cantidades detraídas".
