Representantes de una decena de ayuntamientos y concejos navarros (Sangüesa, Javier, Cáseda, Yesa, Liédena, Lumbier, Petilla de Aragón, Ezprogui–Ayesa, Urraúl Alto y Rocaforte) han trasladado su respaldo a Mina Muga a través de una carta abierta entregada en mano a Jesús María Rodríguez, director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra, y que tendrá como destinatario final al secretario General para el Reto Demográfico, Francesc Boya.

A través de una carta firmada y entregada en mano, los ediles han expresado su apoyo al proyecto minero más grande de España, al cual consideran como “una inversión estratégica”, clave para el desarrollo socioeconómico de un territorio afectado por una importante tasa de despoblación. Estas pedanías, dentro de la mancomunidad de la comarca de Sangüesa, representan al 82,6% de la población total de la zona, según datos del patrón municipal de 2021.

Presentada en 2022 de la mano del Gobierno de Navarra como una plataforma creada para maximizar el impacto positivo del proyecto en la región, esta alianza público-privada ha involucrado desde entonces a administraciones y actores económicos clave en sectores como la industria, el comercio y los servicios. Explican que, todo ello, con el objetivo de reforzar el desarrollo del territorio a través de ejes como la modernización de infraestructuras, el impulso al tejido económico local y la creación de empleo de calidad.

La viabilidad de Mina Muga, promovida por la empresa Geoalcali, se encuentra en una situación crítica debido, según indican, a una “inesperada sentencia” del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que afecta al permiso de extracción 'Goyo'. Esta decisión judicial, basada “en un defecto formal”, ha paralizado temporalmente el proyecto y amenaza su continuidad, ya que el compromiso para la ejecución de una nueva inyección económica de más de 550 millones de euros expira este próximo 31 de marzo de 2025.

La no ejecución de esta inversión supondría la pérdida de “una oportunidad de progreso y bienestar” que generaría unos 3.800 millones de euros en pagos a proveedores y 1.246 millones de euros en ingresos fiscales en una zona con un elevado riesgo de despoblación. En este sentido, los ediles manifiestan su “preocupación por la incertidumbre generada” y por el impacto que tendría la paralización definitiva de Mina Muga, que prevé la generación de en torno a 7.000 empleos directos e indirectos, como publica Servimedia.

En su carta, los representantes electos de una decena de municipios de la comarca de Sangüesa solicitan “el máximo apoyo e implicación del Gobierno de España a través del MITECO”, así como “de las instancias judiciales competentes” para encontrar “una solución consensuada que permita la continuidad de Mina Muga”.