El PP considera que el Gobierno andaluz demuestra que carece de iniciativa y “va a remolque” de la oposición al formalizar en el Parlamento una petición en la que insta a la Cámara de Cuentas de Andalucía a fiscalizar las ayudas a la formación para el empleo de la Junta entre 2005 y 2010.
En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria del PP andaluz, Esperanza Oña, llamó la atención sobre que el Ejecutivo de José Antonio Griñán haya hecho esta petición, cuando esta iniciativa ya fue registrada la semana pasada por el PP, que solicitaba “exactamente lo mismo” a la Cámara de Cuentas.
“El PSOE y el Gobierno demuestran que van a remolque del PP por su falta e iniciativas y por la falta de gallardía”, subrayó la portavoz parlamentaria del PP, quien informó de que su partido, además de esta petición, ha registrado una proposición no de ley en la que se pide al Parlamento que apoye esta fiscalización.
Se trata, según Oña, de que todos los partidos políticos apoyen en el próximo pleno del Parlamento andaluz la fiscalización de estas ayudas, y comprobar si el caso de las ayudas a la mujer del ex vicesecretario general del PSOE Rafael Velasco “no es aislado”.
Destacó que otra “reacción” del PSOE ha sido la de presentar una iniciativa, que no ha podido ser calificada por la Mesa de la Cámara para el próximo pleno al haber llegado fuera de tiempo, en la que se pide fiscalizar las ayudas concedidas por las cinco capitales gobernadas por el PP, además de la localidad de Marbella.
Esta reacción, a juicio de Oña, es propia de una “pataleta” por parte de los socialistas, por lo que tras preguntarse por los motivos por los que “se deja fuera” a las tres capitales restantes -Córdoba, Sevilla y Jaén-, la portavoz parlamentaria popular ha anunciado que su partido pedirá la fiscalización también de estas tres capitales, además de Dos Hermanas y Jerez de la Frontera, así como de las diputaciones provinciales.
Apuntó que en el caso de la empresa de la esposa de Rafael Velasco, que recibió ayudas de más de 700.000 euros en cuatro años, hay aún asuntos “en el aire” que se tienen que aclarar por parte de la Junta, como el hecho de que podría no haber estado homologada en el momento de recibir la subvención por parte de la Junta.
De la misma forma, señaló que, según la orden de la Junta, las ayudas eran para empresas sin ánimo de lo lucro y Aulacen Cinco era una Sociedad Limitada.
Por su parte, el coordinador regional de IULV-CA, Diego Valderas, mostró ayer su satisfacción por la decisión del Gobierno de instar a la Cámara de Cuentas a fiscalizar las ayudas destinadas a cursos de formación, al considerar que “en democracia todo lo que sea luz y transparencia es bueno para los ciudadanos y debe servir bien al conjunto de las fuerzas políticas y a algo fundamental: el comportamiento ético que desde la acción pública los cargos públicos estamos obligados”.
Aseguró que para la coalición supone “miel sobre hojuelas” el hecho de poner “luz, transparencia, taquígrafos, focos y claridad sobre todas las zonas que puedan tener ciertos elementos de opacidad”.
El coordinador de IU en Andalucía recordó que su formación ha mantenido siempre esta posición e incluso es partidaria de poner en marcha comisiones de investigación “en las materias que sean necesarias”.
Mientras, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, acusó ayer al PP de “no encajar en la democracia” al “retroceder 30 años en su discurso” y mantener “el de Manuel Fraga y Alianza Popular, contra el Estado de las autonomías y del bienestar social”.
En rueda de prensa en el Parlamento, Jiménez dijo que el PP tiene en Mariano Rajoy un “líder insolvente que no conoce las materias de las que está hablando” y comete “errores garrafales” que permiten conocer “su auténtica cara, con una contrarreforma clara ultraconservadora y ultraliberal”.
Según el portavoz socialista, se ha puesto en evidencia “cómo el PP tiene una agenda que ya no es oculta” que incluye “privatizaciones salvajes” en servicios públicos esenciales como salud, educación, dependencia y servicios sociales, lo que significa “volver a la ley de la selva” y “destrozar el modelo social”.