El proyecto, que cuenta con un presupuesto global de 5.660.886 €, se desarrollará a lo largo de los próximos 5 años en 8 áreas piloto de Andalucía (4), Portugal (2), Grecia continental (1) y Creta (1) con el principal objetivo de evaluar la efectividad de diversas acciones innovadoras basadas en acuerdos voluntarios con los principales colectivos rurales (corporaciones locales, sector ganadero y cinegético) implicados en la lucha contra esta grave amenaza ambiental y para la salud pública.
Gracias al carácter demostrativo de estas acciones y al desarrollo de metodologías e indicadores que permitan valorar de manera objetiva tanto las acciones más efectivas para cada especie, como los factores que condicionan esta efectividad y la evolución real de la incidencia de esta práctica ilegal, se espera mejorar las actuales estrategias contra el veneno y reducir la pérdida de biodiversidad asociada a esta causa a nivel comunitario.
El proyecto cuenta con el apoyo, como cofinanciador, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y supondrá una inversión en la región cercana a los 3,4 millones de euros.
Otras entidades cofinanciadoras son la Câmara Municipal de Idaulea-A-Nova (Portugal) y el Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático (Grecia).
La contribución total de la Comisión Europea para el periodo 2010-2015 será de 2.730.790 €.
Para la FG, esta ambiciosa iniciativa internacional supone una nueva oportunidad para seguir avanzando en la lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados en Europa, “testando la eficacia de nuevas estrategias que complementen las acciones coercitivas y de sensibilización, con otras eminentemente participativas orientadas a combatir, desde dentro, la verdadera raíz del problema: las motivaciones subyacentes que llevan a determinados ganaderos y cazadores a seguir usando el veneno como una herramienta de gestión de sus explotaciones”.
De ese modo, el proyecto servirá, también, para disminuir el nivel de conflicto tradicionalmente asociado a las relaciones entre actividades rurales tradicionales, como la ganadería o la caza y los programas de conservación de especies.
Los 55 municipios que conforman las cuatro áreas piloto andaluzas serán:
* Sierra de Hornachuelos: Hornachuelos, Posadas, Almodóvar del Río, Peñaflor y Puebla de los Infantes (Córdoba).
* Serranía de Ronda: Arriate, Ronda, El Burgo, Alozaina, Yunquera, Parauta, Tolox, Istán, Monda, Guaro, Coín y Ojén (Cádiz y Málaga).
* Sierra Mágina: Jimena, Mancha Real, Torres, Bedmar y Garcíez, Jódar, Albánchez de Úbeda, Huelma, Bélmez de la Moraleda, Cambil, Pegalajar, Cárcheles, Montejícar, Campillo de Arenas, Torre-Cardela, Guadahortuna, Piñar y Campotéjar (Jaén).
* Sierra Nevada: Lugros, Jerez del Marquesado, Alquife, Dúrcal, Dílar, Monachil, Nigüelas, Lecrín, Lanjarón, Cañar, Soportújar, Bubión, Capileira, Bérchules, Trévelez, Alpujarra de la Sierra, Valor, Nevada, Aldeire, Lanteira y Güéjar Sierra (Granada).
El uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural es la principal causa de mortalidad no natural para muchas rapaces gravemente amenazadas como el quebrantahuesos, el águila imperial, el buitre negro o el alimoche, así como una de las principales causas para otras especies como el oso, el lobo o la nutria. En España, esta práctica es un delito tipificado con hasta dos años de prisión.
Desde la puesta en marcha, en 2004, de la Estrategia Andaluza para la Erradicación del Uso Ilegal de Cebos Envenenados de la Consejería de Medio Ambiente, Andalucía ha constituido un referente internacional en la lucha contra el veneno.
Desde ese mismo año, la FG desarrolla un plan de acción específico nacido del proyecto Life-Naturaleza “Acciones para la reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía” 2004-09, que se caracteriza por combinar actuaciones tendentes a un mejor conocimiento del problema, la promoción de la persecución legal de este delito (a través de la personación como acusación particular) y el fomento de la participación activa de la población rural en la gestión de esta amenaza (sensibilización/ disuasión).
Fruto del trabajo realizado en este proyecto, en 2008 la FG impulsó la Red de Gestión de Amenazas para la Reintroducción del Quebrantahuesos, una red constituida por concejales y otros miembros de corporaciones municipales, gestores y miembros de cotos de caza, veterinarios y ganaderos en régimen extensivo de 32 municipios de Jaén y Granada.
