La misma banca que fue rescatada con 65.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en la pasada crisis financiera -que no devolvió finalmente esta inmensa cantidad de dinero público- ahora amenaza con despidos masivos y nuevas comisiones a sus clientes ante la determinación del Gobierno central de aplicar un nuevo impuesto de solidaridad a las entidades financieras para afrontar con mayores garantías la nueva crisis económica que ya empezamos a sufrir.
La misma banca que lleva meses ingresando pingues beneficios por el cobro de unas hipotecas infladas por culpa de un Euribor desbocado es la misma banca que se niega a aplicar la frenética subida de tipos de interés a los depósitos bancarios a los plazos fijos o a los ahorros de los ciudadanos que siguen oscilando entre el 0.2 y el 0,5 cuando el interés fijado por el Banco Central Europeo está ya en el 2% y van a llegar nuevas alzas.
La misma banca que no se cansa de presentar cuentas de resultados con ganancias estratosféricas no deja de cerrar oficinas, despedir trabajadores y castigar a la mayor de las orfandades bancarias a municipios pequeños sin sucursales ni cajeros automáticos y a millones de españoles que, por su avanzada edad, sufren una brecha digital que les limita sobremanera a gestionar por Internet cualquier operación de su cuenta corriente u otro producto contratado.
La misma banca que no es capaz de flexibilizar las condiciones firmadas con los hipotecados ante una tesitura tan adversa de incremento incontrolado de las cuotas mensuales es la misma banca que lleva casi una década -salvo contadas excepciones- sin devolver el dinero cobrado indebidamente al aplicar condiciones declaradas abusivas como la cláusula suelo de los préstamos y los gastos de notaría, gestoría, registro y tasación que no debieron abonar los prestatarios al firmar los papeles de sus créditos. No han tenido el más mínimo pudor de conducir a millones de españoles a los juzgados burlando la solución extrajudicial que puso encima de la mesa el Estado para que las víctimas de tales abusos recuperasen el dinero que nunca debieron pagar.
No hace falta ser economista para percatarse, tras esta enumeración de contradicciones, de la vergonzosa inmoralidad del sistema financiero nacional que en España funciona únicamente bajo la ecuación sin escrúpulos del cuanto mayor beneficio mejor, aunque sea a costa de empobrecer a las clases medias y ahogar a las rentas más bajas del país.
